Tal como había adelantado el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto Legislativo N° 007, el cual modifica el artículo 86 de su Reglamento, referido a la cuestión de confianza y censura de ministros de Estado, lo que en la práctica limita la facultad del presidente de la República para cerrar el Parlamento si este no otorga la confianza a dos gabinetes.

La bancada oficialista interpuso esta demanda, debido a que la referida resolución afecta los artículos constitucionales relativos al equilibrio de poderes del Estado y colaboración entre estos, así como los de deliberación pública y de primacía de la Carta Magna. Por ello, se adhirieron a la demanda los congresistas Jorge del Castillo (Apra), Gloria Montenegro (APP) y Kenji Fujimori (No agrupados).

La demanda del oficialismo sostiene que el decreto legislativo afecta claramente la gobernabilidad política, al darle al Congreso un poder desproporcionado frente al Ejecutivo; poniendo al gobierno de turno en una clara situación de desventaja por medio de una medida de rango inferior, como es un decreto. Considera además que desnaturaliza las funciones y competencias de los diversos poderes públicos.

Asimismo, establece que el reglamento del Congreso, tal como fue modificado, impide que el presidente nombre a los ministros de su gabinete anterior en uno posterior, una vez producida la crisis total del gabinete, que menciona la norma. Por tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre quien pesa un nuevo pedido de vacancia, no podría cerrar el Congreso, pues no contaría la censura del gabinete del premier Fernando Zavala.

Debe declararse infundado

El constitucionalista Samuel Abad cree que el decreto debe quedar infundado ante el TC , ya que considera que es "inconstitucional", pues asume competencias que no tiene y distorsiona el modelo constitucional vigente —fijado por el régimen fujimorista en el 93—, al restringir la cuestión de confianza, así como la potestad presidencial de disolver el Parlamento.

"El Congreso, en ejercicio de su autonomía normativa, solo puede autorregular su organización y funcionamiento. No puede abordar materias de competencia del Poder Ejecutivo, como la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. Se está vulnerando la Constitución, pues el Reglamento pretende limitar la atribución del Ejecutivo de plantear la cuestión de confianza ya que no procede si se solicita para impedir la censura de un ministro", señaló.

De igual manera, la congresista Gloria Montenegro (APP) manifestó que su firma en la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional es una "protesta" contra el decreto legislativo que modifica los procesos establecidos en los temas de pedido de confianza y censura. "Lamentablemente en el Congreso están pasando situaciones que afectan al país y se hace a través de un cambio en el reglamento. Tenemos que encaminar nuestro trabajo en mejorar nuestra democracia. Tenemos que poner un pare", dijo la legisladora.

(Foto de cabecera: La República)

Notas relacionadas: