La cuenta regresiva para definir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczyski ya empezó, y en el Ejecutivo y el Congreso se están jugando sus últimas cartas al respecto. En este contexto, la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, arremetió contra la Comisión Lava Jato y la acusó de filtrar un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que puede ser la estocada final para la destitución del mandatario el próximo jueves en el Parlamento.
El referido documento no solo revela las transferencias bancarias de PPK a favor de su chofer personal y de su escudero parlamentario, Gilbert Violeta, sino que también confirma que el hoy jefe de Estado se benefició económicamente de las asesorías que su empresa Westfield le dio a Odebrecht mientras fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo.
"Es inaceptable que hayan revelado información privada y parece que tienen miedo de que algo va a pasar, que no van a ganar la vacancia", dijo Aráoz Fernández en declaraciones a la prensa, tras subrayar que la Comisión Lava Jato no debe seguir bajo la conducción del fujimorismo, debido a que ha demostrado "sesgos, malas intenciones y uso de información reservada con fines políticos".
La jefa del gabinete insistió en que ese "doble rasero" se observa cuando el grupo en mención se usa para atacar al gobierno, mientras que a otros políticos tienen un trato distintos. "Lo puedo decir como congresista, no creo que se pueda seguir manejando la comisión de esa manera y que menos lo presida la señora que lo preside (…)", subrayó la también parlamentaria oficialista.
Aráoz alegó que el informe de la UIF no revela ningún hecho de corrupción, como el pago de coimas o manejo de dinero mal habido. Sobre las transferencias al chofer de PPK y al vocero de la bancada de gobierno, la ministra sostuvo esos pagos son legales y fueron bancarizados realizados.
La jefa del gabinete ministerial también expresó su confianza en que la vacancia contra Kuczynski, la cual será debatida el jueves 22 en el Pleno del Congreso, no prospere. Agregó que, a juicio del Ejecutivo, la moción es una venganza contra el presidente por haber aprobado el indulto a Alberto Fujimori.
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