El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, para incrementar de S/.200 millones a S/593 millones el monto provisional de la reparación civil que deberán pagar los que resulten culpables de los presuntos actos de corrupción en la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

Concepción Carhuancho también aceptó que la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato se constituya como actor civil en el proceso en contra del expresidente Alejandro Toledo, prófugo de la justicia desde que se le acusó de recibir US$ 20 millones de la constructora brasileña a cambio de la buena pro de la vía.

En una audiencia pública, el magistrado escuchó los alegados de la procuraduría para ampliar su condición de actor civil respecto a 11 nuevos investigados en el caso de la Interoceánica que fueron incluidos por la fiscalía en diciembre del 2017l, informó El Comercio. 

Entre ellos hay personas naturales y las constructoras JJ Camet, ICCGSA y Graña y Montero, que participaron como consorciadas de Odebrecht, y que pasaron a la condición de investigados gracias a los alcances del Decreto de Urgencia N° 003, prorrogado 30 días por el Congreso mientras se sigue revisando y debatiendo la iniciativa del Gobierno para asegurar el pago de la reparación civil al Estado de empresas como Odebrecht y sus asociadas, pero incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.

En la misma sesión realizada en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, la defensa jurídica del Estado para Caso Lava Jato pidió el incremento del S/200 millones a S/593 millones por el daño patrimonial para que todos los involucrados paguen ante una eventual sentencia. 

Al postular el nuevo monto provisional, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, se apoyó en el informe que realizó la Contraloría, en el que esta entidad determina que hubo pagos indebidos al consorcio y a la concesionada durante la ejecución de la obra, que habría ocasionado daños al Estado hasta por S/1.736 millones.

El monto puede incrementar

El abogado del Estado precisó que el monto establecido podría incrementarse cuando el caso ingrese a etapa intermedia dentro del proceso judicial. “La Procuraduría actualmente viene evaluando de manera técnica más daños causados al Estado por la concesión y ejecución del proyecto”, resaltó Ramírez.

“Para la Procuraduría, esta empresa (GYM) habría obtenido beneficios económicos que tendrían origen en actos ilícitos, por lo que debe responder objetivamente por el daño civil ocasionado”, agregó, al recordar que la constructora firmó un acuerdo de responsabilidad solidaria para asumir cualquier pago por los daños que se generen con ocasión del contrato de concesión.

A inicios de año, Ramírez adelantó que, hasta ese momento, la reparación civil que Odebrecht debería pagar por los daños y perjuicios ocasionados al Estado asciende a más de S/3.468 millones. La Procuraduría ha basado su cálculo en tres proyectos adjudicados por Odebrecht que afrontan procesos judiciales.

Estos son el Gasoducto Sur Peruano, la Interoceánica Sur Tramo II y III, y la carretera Chacas-Áncash. Cada una de ellas habría ocasionado daños que, respectivamente, alcanzan S/1.482 millones, S/1,736 millones y S/248 millones.

(Foto de cabecera: Andina)

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