La Procuraduría reclamará 3.468 millones de soles (unos 1.000 millones de dólares) a la empresa brasileña Odebrecht por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano por los daños y perjuicios causados al país por la trama de corrupción que urdió durante al menos tres gobiernos para adjudicarse obras públicas.

Así lo informó el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien estimó esa cifra en atención a tres proyectos desarrollados por la constructora en los que hubo prácticas ilícitas: el Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en Áncash y los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

En declaraciones al programa Cuarto Poder, el abogado del Estado criticó que Odebrecht haya ofrecido solo pagar 66 millones de dólares como una indemnización, aproximadamente el doble del monto que presuntamente pagó en sobornos.

"Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor", afirmó el procurador, quien depende del Ministerio de Justicia.

El vocero de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a esta propuesta con un comunicado, en el que señala la extrañeza de esa petición, que de hacerse realidad apuntaría a que la reparación sería "30 veces superior al total de los pagos ilícitos".

La constructora brasileña agregó que esa cifra superaría "la suma de todas las reparaciones acordadas" con los otros siete países —Brasil, EEUU, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala—con los que Odebrecht logró un acuerdo de colaboración.

"En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías alineadas con prácticas internacionales, basadas entre otros puntos en el valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa. Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre dos a tres veces de los valores pagados ilícitamente".

Odebrecht consideró que esta y otras iniciativas del Gobierno y la Fiscalía peruanas conspiran contra su intención de colaborar con la justicia del país, en momentos claves del caso, que involucran a tres expresidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, a las dos veces candidata Keiko Fujimori y al actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.  

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