Insisten con beneficiar a Alberto Fujimori. El procurador Ad Hoc, César Romero Valdez, impugnó, este martes, el fallo de la Sala Penal Nacional con el que negó el derecho de gracia que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó al exdictador Fujimori, cuando fue indultado el pasado 24 de diciembre.
El abogado defensor del Estado peruano dijo que respetaba la decisión del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, pero, en cumplimiento de sus atribuciones, impugnó dicha resolución. Presentó un recurso de nulidad argumentando que la Sala Penal Nacional desconoce la constitucionalidad de la Resolución Suprema en la que PPK otorgó el derecho de gracia a Fujimori.
Además, Romero Valdez argumentó que se debe buscar la "protección de las disposiciones y normas dictadas dentro de un Estado democrático de derecho". El procurador explicó que la gracia presidencial otorgada a Fujimori sí aplica para el caso Pativilca porque "se trata de una gracia otorgada por razones humanitarias". "El sustento para concesión se encuentran debidamente acreditado en informes médicos", dijo.
Ayer lunes, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió que no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori, medida que el presidente PPK pretendió otorgarle al indultarlo el pasado 24 de diciembre.
En esta fecha, el presidente peruano decidió liberar a Fujimori en base a un informe médico que supuestamente daba cuenta de la gravedad de su estado de salud. Pero este documento fue elaborado por el médico de cabecera del reo y, según especialistas, no probaba que la vida del reo haya estado en peligro.
Ante esta decisión, las víctimas de las matanzas Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado, denunciaron que este indulto no fue humanitario. Por ello, acudieron a la Corte IDH para que revise el cumplimiento de la sentencia.
Otra matanza que se temía iba a quedar impune es la de Pativilca. Con este fallo del PJ, se espera que se procese a todos los acusados por este crimen.
La matanza de Pativilca se produjo el 29 de enero de 1992, cuando el Grupo Colina, creado por el gobierno de Fujimori, asesinó a seis campesinos en la provincia limeña de Barranca. Las víctimas de esta matanza fueron: Jhon Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Nieves Arias Velásquez y César Rodriguez Esquivel. Se acusa a los Colina y a Fujimori de ser autores de este crimen.
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