Indignante, aberrante. Lo que acaba de hacer el Poder Judicial, al absolver a Adriano Pozo, el cobarde agresor de Arlette Contreras en Ayacucho, de los delitos de intento de feminicidio y violación sexual, no hace más que consagrar e institucionalizar la violencia contra la mujer.
"La decisión del Poder Judicial es asquerosa, es abominable. Esta no es una Corte Superior de Justicia, sino de injusticia. Me siento muy indignada en nombre de todas las mujeres del Perú", dijo Contreras al enterarse del cuestionable fallo, el cual apelará en la búsqueda de la justicia que hasta ahora se le ha negado.
"La ex novia de Adriano Pozo acredita que también a ella este sujeto la atacó y la ahorcó. Hay una denuncia que data de noviembre del 2014. Tampoco tomaron en consideración que una sereno fue atacada por Pozo cuando lo trasladaron a la comisaría", agregó la víctima.
"Como es posible tanto atropello de parte de los operadores de justicia, de las instituciones del Estado. No se respetan los derechos de las mujeres en este país. Es completamente injusto para toda la ciudadanía, qué precedente estamos dejando, qué mensaje estamos dejando".
El caso de Arlette se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia la mujer, y movilizó a miles de personas en la marcha del llamado colectivo #NiUnaMenos. Pero ni la exposición mediática ni las pruebas en video de la agresión que sufrió una noche de julio del año 2015, cuando Adriano Pozo la arrastró, la golpeó y la dejó grave en el hotel Las Terrazas, en Huamanga, fueron suficientes para que, después de más de un año del segundo juicio oral, el juzgado colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenciara al agresor.
La fallo de la impunidad se aprobó por mayoría. Los magistrados Karina Vargas Béjar (presidente) y Rubén Pantaleón Zegarra Huayhua (miembro) fallaron a favor de dejar sin efecto los cargos imputados por la fiscalía. Sin embargo, el juez Alfredo Barrientos Espilco emitió un voto discordante, es decir, sentencia condenatoria con pena efectiva.
Lo contradictorio de la resolución absolutoria es que se determinó que Pozo Arias pague una reparación civil de 100 mil soles a Contreras. ¿Si lo hallaron inocente, porque lo obligan a indemnizar a su víctima? Por ello la defensa de Pozo apeló.
La fiscal del caso, Ítala Farfán Wilson, también impugnará el fallo. Incluso denunció a sus propios peritos, los médicos legistas Luis Gabriel Castillejo Melgarejo y Juan Barrón Munaylla, porque cambiaron su versión durante el juicio oral, lo que terminó de favorecer al agresor. En las investigaciones de la fiscalía emitieron dictámenes que acreditaban lesiones de dígito presión en Arlette, pero luego ya en el proceso penal se retractaron.
"Que estos médicos legistas no sigan trabajando en la institución perjudicando al Ministerio Público. Pediré que se abra investigación, hay varios casos en los que los médicos vienen a juicio y dan otra versión de la que han puesto en sus propias pericias", dijo la fiscal Farfán.
La sentencia alega que el testimonio de Arlette Contreras no es creíble y ‘carece de corroboración’, como si no existiera el video de las cámaras de seguridad del hotel, cuyas imágenes son contundentes e indignaron a todo el país.
"Pericialmente se ha probado que las lesiones proferidas por el acusado en el cuello [de Arlette Contreras] fueron muy leves, a tal punto que días después ya habían desaparecido", señala también el fallo, que justifica la razón por la que la agresión de Pozo no fue considerada como tentativa de de feminicidio.
