El cuestionado Decreto de Urgencia 003 que el Gobierno aprobó hace casi un año, bajo el supuesto de castigar con dureza a Odebrecht en el Perú, al cautelar la reparación civil a favor del Estado y evitar que la constructora brasileña venda sus activos, vence este 13 de febrero, pero el proyecto de ley que el Ejecutivo acaba de presentar —a contrarreloj— para reemplazarlo reavivó las tensiones entre el fujimorismo y el oficialismo en el Congreso.

¿La razón? Que se acelere la aprobación del proyecto en mención y que se vea de una vez en la Comisión Permanente, en vista de que el Parlamento está en receso hasta marzo, pero el congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, rechazó esa pretensión y dijo que el tema seguirá el trámite regular para evitar sorpresas, es decir, se verá con la prioridad que el caso amerita en las comisiones Economía y de Justicia, en tres semanas aún.

"El Gobierno ha esperado más de un año para modificar el decreto de urgencia (...) A solo tres días de que este quede sin vigencia, el Ejecutivo ha decidido enviar un proyecto de ley al Congreso de la República. Llama mucho la atención porque el Ejecutivo sabe que estamos en un momento de receso y que las comisiones no están funcionando".

Torres sostuvo que para evitar contratiempos y no se queda en el limbo la cautela de los intereses del Estado, el Gobierno deme emitir otro decreto mientras el proyecto que reemplazará al DU 003 es revisado y evaluado en el Congreso antes de su aprobación.

"Si lo que están haciendo es pretender sorprendernos para que no encontremos los vacíos, pues se equivocaron. Si no (dictan otro decreto)ellos serán los responsables de cualquier perjuicio en la reparación civil".

El legislador advirtió que en caso venza el plazo del DU 003 sin que se haya aprobado el proyecto de ley o emitido un decreto transitorio, Odebrecht podría sacar sus activos del Perú al extranjero y hacer la transferencia de los proyectos sin ningún tipo control por parte del Ejecutivo.

El DU 003 se aprobó el 13 de febrero de 2017, tras el escándalo desatado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre las prácticas corruptas de su empresa en Perú, pero la medida no ha dado los resultados que se esperaban, al punto de que se le cuestiona por ineficaz, porque perjudica la economía y encubre la corrupción. Es decir, todo lo que debía combatir.

A la fecha, las más perjudicados han sido las 350 empresas proveedores de Odebrecht en el Perú que daban empleo a más de 40.000 trabajadores. Hugo Alache, de la asociación que las agrupa, dijo la semana pasada que el resultado del decreto ha sido que se paralizaran las obras y que Odebrecht rompiera la cadena de pagos. "Hasta ahora no se ha solucionado nada, por eso no tiene razón de ser. Los únicos que han pagado la corrupción hemos sido los proveedores", refirió.

El oficialismo insiste

A su turno, el vocero de la bancada de gobierno Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, alegó que el Gobierno necesita la exoneración de trámite de comisiones para que el proyecto pase directo a la Comisión Permanente.

Cuestionó la negativa de su colega Miguel Torres para apoyar el pedido del oficialismo debido a la complejidad técnica del proyecto. "Ojalá ese fuera el razonamiento para todos los temas en el Parlamento. Hemos visto [...] que cuando se han querido sacar adelante ciertas normas no se ha escatimado en exonerarlas del trámite de las comisiones", replicó Violeta.

El legislador oficialista precisó que el Ejecutivo se verá obligado a emitir un nuevo decreto para cubrir el vacío legal que se presentaría a partir de este martes 13, cuando venza el DU 003, al señalar que el Gobierno no pondrá en riesgo el fondo necesario para el pago de la reparación civil.

Violeta calificó el proyecto enviado por el Ejecutivo de ser "sustancialmente mejor" que el DU 003, al subrayar que favorece las delaciones y garantiza un monto importante para el fondo destinado al pago de las reparaciones civiles que el procurador deberá establecer a favor del Estado.

Además, establece mecanismos para que las empresas que operaron en consorcio con firmas vinculadas a actos de corrupción, como Odebrecht, asuman parte de la reparación civil. 

"Hay una responsabilidad del Congreso que actualmente está más abocado a la pugna política, a hablar de vacancia y se está olvidando de su labor legislativa", criticó por su parte el también oficialista Salvador Heresi, citado por El Comercio. 

"Siendo tan importante la norma, deciden con tanta frescura, ligereza, verlo en marzo, o sea, dentro de tres semanas. Me parece poco responsable. Mucho engreimiento, mucho aspaviento y poca proactividad".

El reto del nuevo proyecto es superar los errores que han llevado al DU 003 a ser muy cuestionado, por diversos sectores, desde el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien a mediados de enero consideró que medias como las que impone la norma "desmotivan" a empresas  corruptas a colaborar con la justicia, o periodistas que investigan el caso Lava Jato en el Perú, como Gustavo Gorriti, quien alega que el DU 003 es "una combinación de torpeza y deliberado intento de proteger a alguien".

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