En medio de los retrasos, marchas y contramarchas en torno al proceso de extradición del prófugo expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarias coimas de empresas brasileñas, el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, devolvió a la fiscalía el expediente y fijó cinco días hábiles de plazo para que se subsanen las observaciones a la solicitud.
El juez Concepción recibió el 29 de diciembre pasado el requerimiento del equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, liderado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, en el que se le imputan tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, por los presuntos sobornos a cambio de la buena pro de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
En su resolución del 2 de febrero último, el juez solicita a la fiscalía siete precisiones en el expediente, según El Comercio referidas a los cargos que se le imputan contra Toledo. En concreto, Concepción Carhuacho pide que haya "mención clara y precisa de los hechos fácticos" en cada uno de los delitos que se le atribuyen.
El juez también sostiene que en el requerimiento no se explica si se cumple o no con el principio de doble incriminación que exige EEUU, es decir, que si los hechos que se le imputan a Toledo son delitos tanto en el Perú como en ese país, que es un requisito sine qua non para tramitar la repatriación. La fiscalía tampoco precisó, según la resolución judicial, si Toledo tiene o no inmunidad por los cargos por los que se le reclama.
El expresidente peruano, quien vive en California, tiene una orden de arresto activa con fines de extradición desde febrero de 2017, en virtud al mandato de prisión preventiva de 18 meses que pesa sobre él, pero hasta ahora, un año después, sigue sin ser atendida por la justicia estadounidense. Toledo es investigado también por la compras de casas y oficinas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de Ecoteva, offsohore formada en Costa Rica por su examigo Josef Maiman, quien confirmó a la fiscalía que prestó sus cuentas para el pago de coimas y que esos fondos eran derivados a la referida empresa de papel.
En julio de 2017, los fiscales del país norteamericano habían advertido que el pedido de arresto con fines de extradición de Toledo no procedería si no lograban establecer la ruta completa del desembolso de los sobornos. Para ello, la colaboración eficaz de Maiman es clave.
Luego de que la fiscalía haga precisiones y subsane las observaciones, el juez Concepción debe analizar el expediente y elaborar el cuadernillo de extradición, el cual debe ser aprobado por la Corte Suprema antes de ser enviado a las autoridades judiciales de EEUU vía la Cancillería. Todo este trámite podría demorar unos seis meses.
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