La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este viernes en San José, Costa Rica, una audiencia de control para analizar el cumplimiento de las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, tras el cuestionado indulto y derecho de gracia otorgado al expresidente Alberto Fujimori en diciembre último.
En la diligencia, que forma parte del 121 Período de Ordinario de Sesiones del tribunal internacional, que comenzó el 29 de enero y culminará el 9 de febrero, los jueces de la corte escucharon los alegatos de los abogados del Estado peruano Jorge Villegas y Adrián Simons, así como a representantes de las víctimas de las referidas matanzas, entre ellos Carlos Rivera y Gloria Cano.
"Al condenado Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición médica y puede ocasionarle la muerte", manifestó Villegas al inicio de la audiencia. "El estado sostiene que una pena de privación de libertad, no puede ser una pena de muerte encubierta", agregó.
"El Perú reafirma su derecho de otorgar indultos humanitarios, incluso a condenados por graves violaciones de derechos humanos".
"El indulto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano, es arbitrario e ilegal", dijo a su turno Rivera, quien recordó que la liberación de Fujimori se concretó luego de una negociación política entre el hijo del exmandatario, Kenji Fujimori, y el presidente Kuczynzki.
"Hay hechos abiertamente irregulares e ilegales que no justifican el otorgamiento del indulto", subrayó el abogado de los deudos, al recordar las inconsistencias e irregularidades en la forma y el fondo detectadas en la tramitación de los beneficios a Fujimori.
La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Viviana Krsticevic, también participó en la audiencia y subrayó que el indulto de Fujimori es una medida arbitraria y que desacata el fallo del tribunal supranacional.
"El indulto es una de las medidas prohibidas para casos de crímenes de lesa humanidad y su aplicación constituye un beneficio indebido".
Ernesto Vargas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cerró la audiencia con el reiterado pedido al tribunal supranacional para que revoque el indulto y el derecho de gracia a favor de Fujimori. "Esta Corte está llamada a velar por el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta", subrayó.
Recordó en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales no permiten el indulto, y subrayó que el Estado pudo tomar medidas para resguardar la salud de Fujimori "sin que fuese necesario e imprescindible el indulto y derecho de gracia".
"La Comisión considera que este caso, el indulto por razones humanitarios no guarda proporcionalidad entre la finalidad que persigue y el intenso impacto en el derechos a la justicia y la dignidad de los familiares [de las víctimas]".
No hay un plazo para que la Corte IDH emita su pronunciamiento, pero los abogados de los familiares de las víctimas calculan que se conocerá entre tres o cuatro semanas, y confían en que el tribunal de San José anulará el indulto a Fujimori, porque no solo vulnera los tratados internacionales que el Perú suscribió en materia de derechos humanos, sino también porque es producto de un pacto político.
Sin embargo, el presidente del tribunal supranacional, el mexicano Eduardo Ferrer Mac Gregor, se refirió al respecto al final de la audiencia, en la que agradeció la comparecencia y participación de los abogados del Estado, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Les informo que durante el presente periodo de sesiones la corte analizará la información presentada por las partes y las observaciones de la comisión, de los representantes de las víctimas y del Estado peruano, para adoptar eventualmente una decisión", concluyó.
Lee también:
Falconí asegura que el Gobierno acatará decisión de la Corte IDH sobre el indulto a Fujimori
