Familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos durante la dictadura de Alberto Fujimori calificaron este jueves como un "insulto" el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski e insistieron en su pedido de no permitir que triunfe la impunidad en este caso.
Carmen Amaro Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó en conferencia de prensa, en Costa Rica, que con el indulto se le "ha regalado esa libertad" a Fujimori y a ellos se les "ha negado el derecho a la justicia".
"El indulto no es justicia, el indulto reafirma el asesinato y la desaparición, el indulto es impunidad, es un pacto ilegal del Gobierno con el fujimorismo. Vamos a exigir justicia y que regrese a prisión a cumplir los años que le impusieron".
El encuentro con los medios de comunicación fue realizado en San José, en la sede del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reciba a ambas partes para la etapa de supervisión de sentencia.
La Corte escuchará mañana a la representación del Estado peruano, posteriormente a los representantes de las víctimas y la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
Pedro Pablo Kuczynski, otorgó a Fujimori el pasado 24 de diciembre un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, además del derecho de gracia presidencial, por lo que el exdictador no podría, según alega su defensa, ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca.
La defensa de los familiares de las víctimas manifestó que sostendrá antes los jueces que el indulto es un "acuerdo político" y cuestionó la legitimidad y legalidad del certificado de salud utilizado para justificar la libertad de Alberto Kenja.
"El indulto ha sido calificado como humanitario por condiciones de salud y nosotros hemos cuestionado la legalidad y legitimidad de ese certificado de salud y lo hemos calificado como el resultado de un acuerdo político bajo la mesa liderado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y una fracción (del Congreso) del fujimorismo liderado por el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori", resaltó Carlos Rivera, abogado de las víctimas.
Rivera explicó que el contexto político ha "arrinconado al Gobierno" peruano y lo ha puesto en un estado de "sometimiento" hacia la bancada fujimorista, que tiene "prácticamente el control del Parlamento".
"Era evidente que Fujimori no tenía las condiciones de salud que supuestamente había tenido en términos de gravedad y cuyas condiciones carcelarias estaban agravando esa condición. Ahora está (Fujimori) en una casa, no se ha muerto, felizmente, y esa es una de las grandes evidencias de que sin ninguna duda no tenía los males que los médicos abiertamente e ilegal consignaron en un acta médica y que fue la razón decisiva para que el presidente emitiera este indulto".
En la conferencia de prensa asistió también la señora Gladys Sonia Rubina Arquiñigo, hermana de Nelly María, desaparecida el 3 de noviembre de 1991, quien expresó a la agencia efe que el "dolor es inmenso, como si hubieran vuelto a asesinar a mi hermana".
"Me siento burlada, indignada, yo pido justicia para que el condenado regrese a la cárcel y cumpla sus 25 años, es lo que pido por mi hermana para que pueda descansar en paz".
Por su parte, Rosa Rojas, cuyo esposo, Manuel Ríos, y su hijo de 8 años fueron asesinados en la masacre de Barrios Altos, dijo tener fe en la Corte y espera que se haga justicia.
"Con este indulto nos han dejado destruidos. Han destruido nuestra lucha de años de haber cobrado justicia, estábamos más tranquilos, pero ahora revivimos las heridas. No hemos llegado a la justicia que queríamos, se han vulnerado nuestro derechos".
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