El viernes pasado, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra los empresarios Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, exrepresentantes de las constructoras JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA, respectivamente; y de Gonzalo Ferraro Rey, exejecutivo de Graña y Montero. Todos exrepresentantes de las empresas consorciadas a Odebrecht.

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano criticó este hecho y pidió este lunes a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) iniciar una investigación contra los jueces que dieron libertad a los exsocios de la constructora brasileña. Para Lescano, esto significa un “retroceso” al esfuerzo que se viene realizando por encarcelar a las personas involucradas en actos de corrupción.

“Ellos han sido acusados directamente […] El Poder Judicial dice que no se han cumplido los requisitos para la prisión preventiva (…) me pregunto cuáles son esos requisitos que no se han cumplido”, comentó a la prensa.

Uno días después, la OCMA acogió el pedido y anunció el inicio de la investigación con los jueces de la Sala Penal Nacional que revocaron la orden de prisión preventiva de 18 meses contra Camet Piccone, Castillo Dibós y Ferraro Rey; dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho por su presunta vinculación en el pago de sobornos a funcionarios peruanos para obtener, junto con Odebrecht, contratos de obras públicas.

Cabe señalar que dicho tribunal estuvo presidido por la jueza superior Edita Condori y conformado por los jueces superiores Rómulo Carcausto y Sonia Torre Muñoz. La decisión fue tomada por mayoría con lo votos a favor de los magistrados Torre Muñoz y Carcausto. Mientras que la titular de la Sala se pronunció en contra de que se revocara la prisión preventiva y el arresto domiciliario a los procesados.

(Foto de cabecera: Andina)

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