La Ley de Consulta Previa en el Perú, que se aprobó en el 2011, se ha vuelto un mero trámite. Ni más ni menos. Porque ha dejado de ser un mecanismo para conciliar las necesidades y derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro.
Así lo revela el reciente estudio "La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento los estándares establecidos en el convenio 169 de la OIT", elaborado por CooperAcción, el cual analiza 11 de los procesos que se han realizado hasta el momento en minería en los seis años de vigencia de la norma.
La razón, explica el informe, es que implementación de este instrumento ha demostrado su poca eficacia en la defensa de los derechos colectivos a la tierra y territorio de la comunidades nativas, que han expreso su malestar con esta situación, que viola el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, vigente en el Perú hace 22 años.
La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo que se realiza en las etapas finales del proceso de inversión minera y petrolera, cuando ya no hay ninguna decisión relevante que tomar, subraya el informe, a lo que se suma que instrumentos claves como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Cierre de Minas no pasan por la consulta.
Otro cuestionamiento que hacen las comunidades es la rapidez con que se dan esos procesos. Hay casos que reseña el estudio en los que las etapas informativa y de evaluación se realizaron en un mismo día.
Eso sin mencionar que muchos de los acuerdos que se alcanzan son en realidad obligaciones que ya tiene el Estado, al margen de la consulta. Por ejemplo, cuando los acuerdos alcanzados señalan "que se respete el medio ambiente", "que la empresa cumpla con sus compromiso", "que el Estado cumpla con fiscalizar". Todo esto es redundante e innecesario, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción.
"Aunque a los pueblos indígenas se les consulte, las medidas administrativas que son objeto de consulta no son trascendentes porque no tienen afectación jurídica directa a los derechos de los pueblos indígenas, y los acuerdos no versan sobre las acciones concretas para prevenir afectaciones de sus derechos. La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio".
#ConsúltameDeVerdad
Por ello, organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña a la que han denominado #ConsúltameDeVerdad, la cual tiene como objetivo demandar que la consulta previa en actividades extractivas se ajuste a los estándares del Convenio 169 de la OIT, con el fin de que los pueblos nativos tengan un diálogo y participación real en el proceso.
Ello implica modificar los reglamentos que regulan la consulta tanto en el sector minería como hidrocarburos, subraya Gladis Vila, líder indígena de Huancavelica.
"Se ha traducido meramente en un trámite administrativo y lo que exigimos los pueblos indígenas es que tengan la aplicación efectiva como lo manda el convenio 169 de la OIT, que el tema de la consulta previa sea un mecanismo que nos permita llegar a acuerdos concretos y con la participación de varones, mujeres, jóvenes y niños, que somos finalmente todos los que integramos un pueblo indígena".
Por ello, el sector empresarial ya no se opone a la consulta previa, porque en el fondo lo han convertido en un instrumento inocuo, explica Ana Leyva. "No la consideran un obstáculo para la inversión porque ya no se está consultando nada relevante", acota la directora de CooperAcción.
La activista agregó que el gran desafío es que la consulta se transforme en un medio para la defensa real de los derechos de los pueblos indígenas, que incluya opciones de desarrollo así como su autodeterminación.
"Se requiere que la forma como se viene implementando la consulta sea reformulada, para que realmente pueda dar presencia a los pueblos indígenas en la toma de decisiones", explicó.
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