Hay unos 78 movimientos regionales y locales que quedarían fuera de las elecciones que se celebrarán este año porque la Ley 30673, aprobada por el Congreso en el marco de la cuestionada reforma electoral y publicada recién en octubre del 2017, establece que solo pueden participar en los comicios los que han logrado su inscripción hasta antes del 10 de enero.
Para las decenas de organizaciones locales y regionales que aún están en proceso de formalización de su inscripción, la medida es una maniobra de los partidos que están en el Congreso para sacarlos de la carrera electoral porque pretenden aplicarla retroactivamente, y anunciaron que darán pelea para que el Congreso resuelva este problema que generó, mediante una norma complementaria.
¿De qué trata la controversia? Resulta que la mayoría de los movimientos regionales y locales que se alistan para participar en el proceso de este año, compraron los kits electorales bajo la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094), que establecía que el plazo de inscripción vencía recién en junio de este año.
Pero en el camino, en octubre de 2017, el Congreso promulgó la Ley 30673, que cerró el plazo de inscripción el 10 de enero último, el mismo día en que convocó de manera oficial a los comicios regionales y municipales. Son por lo menos 43 movimientos regionales y 35 provinciales y distritales los que aún están en proceso de formalización, precisaron los personeros de estos grupos a La República.
Encima, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la semana pasada, emitió la resolución 349, en la que informan que para el proceso electoral de este año se aplicará la nueva ley del Congreso; es decir, los movimientos que no tengan inscripción al 10 de enero quedarían fuera de los comicios.
Lo que exigen las organizaciones locales es que se respete el principio de no retroactividad de las leyes, lo que implica que los grupos que iniciaron su inscripción bajo Ley 28094 terminen de hacerlo bajo los plazos que fija esta norma, es decir, hasta junio de este año.
"Bajo el pretexto de que quieren fortalecer la democracia, los partidos que están hoy en el Congreso incurren en un abuso desmesurado de poder al eliminar estratégicamente a los movimientos regionales", sostuvo Freddy Lozano, del movimiento Revalora, de Arequipa, que también quedaría fuera de los comicios.
Wilber Prado Vásquez, personero del movimiento Ande, de Ayacucho, que tiene el mismo problema. "Estos partidos nacionales, que están todos contaminados por la corrupción de Odebrecht, ahora nos quieren imponer para que participemos en la política formando parte de sus organizaciones. ¡Eso es ilógico!", alegó, citado por La República.
En la misma situación está el exaprista Enrique Cornejo, quien está en proceso de inscripción de su movimiento Contigo Ciudadano, para postular a la alcaldía de Lima. El exministro denunció que en este caso se configura un "oligopolio político", porque los partidos que ahora dominan el Congreso, con la Ley 30673, lo que buscan es eliminar a su competencia.
"Para mí está claro: los partidos hicieron una maniobra en el Congreso para sacarnos, al ver que históricamente no han podido ganar a los movimientos en la cancha", subrayó Freddy Vracko Metzger, abogado de Madre de Dios, quien busca postularse a gobernador con su movimiento Alianza Libertad Madrediosense, que está en la etapa final de inscripción.
Una opinión contraria tiene el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos, quien consideró difícil la inscripción electoral de las agrupaciones en cuestión, porque alteraría el calendario del proceso. "El cronograma señala que el proceso de democracia interna se realizará entre el 11 de marzo y el 25 de mayo. Si el JNE abre las puertas para que se inscriban hasta junio, se tendría que correr el proceso", refirió.
El 29 de noviembre del 2017, el Parlamento ya había sacado de la carrera electoral a los movimientos locales, con la promulgación de la Ley 30688, pero en este caso sí incluyó una disposición transitoria que establece que la norma no alcanza a los que ya compraron el kit. Al menos respetaron el principio de no reatroactividad, lo que no ha sucedido en el caso de la Ley 30673.
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