El Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar para Carlos Eugenio García Alcázar, exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre setiembre del 2011 y julio del 2014, en el gobierno de Ollanta Humala, quien fue detenido este viernes tras el allanamiento de 43 inmuebles en Lima.

El operativo conjunto del Ministerio Público con la Policía Nacional se realizó en marco de la investigación al denominado "Club de la Construcción", un grupo de empresas que se repartieron en los últimos años las licitaciones públicas en el Perú.

El exfuncionario fue detenido durante una de las diligencias lideradas por Marcial Paucar, fiscal del Equipo Especial del Caso Lava Jato, en contra de propiedades de empresarios vinculados a licitaciones públicas ilícitas, en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Ate, La Molina y Cercado de Lima.

Tras ser llevado a la sede del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, García Alcázar pasó el control de identidad. Ya por la tarde, fue dirigido a la audiencia en la sede del Poder Judicial de Cercado de Lima junto su abogado, Genaro Vélez, quien fue asesor legal del expresidente Alan García en los casos El Frontón, Accomarca y Cayara. Asimismo, forma parte del equipo de abogados que representan al exmandatario en la investigación en su contra por lavado de activos.

La orden judicial de allanamiento, a la que tuvo acceso La República, se sustenta en las declaraciones del colaborador eficaz N° 06-2011, un exfuncionario de la empresa Odebrecht con sede en Perú, quien aseguró que unas 30 empresas constructoras, nacionales y extranjeras, son parte del llamado "Club de la Construcción".

Entre estas constructoras figuran Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Cosapi, Graña y Montero, JJC, Obrainsa, OHL, e Hidalgo & Hidalg, y se habrían asociado, entre los años 2011 y 2014, para beneficiarse, vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos de obras públicas, según información que maneja la fiscalía.

En ese sentido, los “colaboradores eficaces” habrían manifestado que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras para “distribuirse” la buena pro de diversas obras de carreteras a nivel nacional. Durante el allanamiento se buscó bienes e información de interés de la investigación como documentos: vouchers, contratos por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos sobre obras mediante licitación, recibos por honorarios, facturas, equipos informáticos, entre otros.

(Foto de cabecera Difusión)

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