Con la crispada coyuntura in crescendo, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, defendió la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de que todos los casos de lavado de activos, que provienen de la corrupción estatal —en buena cuenta, todos los procesos referidos a Lava Jato— pasarán al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la jueza Susana Castañeda, porque así lo establece la ley.
El momento en que se da este cambio en el estatuto de la Sala Penal Nacional es lo que ha generado dudas y sospechas, acicateadas además por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción, miembro de este colegiado y quien tomó decisiones claves en el caso Odebrecht. "Eso para mí supone una pérdida de confianza de los órganos de gobierno del Poder Judicial, para mí y mis colegas", dijo el magistrado.
Las palabras del juez, protagonista de los fallos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el Perú en los últimos años, no cayeron bien en el titular del Poder Judicial, quien en conferencia de prensa replicó que ningún juez de la Sala Penal Nacional es dueño de los casos vinculados a Odebrecht.
"El Caso Odebrecht, ¿quién lo tiene? No lo tiene el doctor Concepción Carhuancho, lo tiene el fiscal Hamilton Castro. ¿Cuándo interviene Concepción o cualquier otro de los jueces de investigación preparatoria? Cuando el fiscal le manda un pedido de prisión preventiva, de levantamiento de secreto de comunicaciones o de allanamiento".
Rodríguez alegó que nadie le ha quitado la confianza a Concepción y que lo único que ha hecho es aplicar lo que dice la norma, "porque ya existe el Sistema Nacional Especializado en delitos de corrupción y no puede haber dos sistemas funcionando en paralelo".
Además, la medida dispone solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura que realice el concurso público para las plazas de jueces especializados y superiores de los juzgados y tribunales de la Sala Penal Nacional, lo que implica que el juez Concepción Carhuancho y sus colegas dejen la Sala Penal y regresen a sus despachos de origen, muchos en provincias.
El juez se pronunció el jueves, tras una audiencia que convocó, en el marco de la investigación al expresidente Alan García, sin conocer la publicación del cuestionado estatuto que lo saca del caso Odebrecht, en virtud de un pedido de control de plazo de la investigación de la fiscalía que hizo el exministro aprista Aurelio Pastor.
El abogado de Pastor, César Nakazaki, al inicio de la referida diligencia del jueves, pidió que se debata si Concepción Carhuancho podía seguir viendo este caso en virtud a los cambios que ese mismo día se habían oficializado. El juez resolvió tras tres horas de debate, y alegó que el estatuto concede atribuciones al Sistema Nacional Anticorrupción que no están previstos en la ley. Una resolución administrativa no podía cambiar una ley, subrayó el magistrado.
Otro argumento que esgrimió Concepción Carhuancho es que su sala ya había tomado conocimiento de los casos vinculados con Odebrecht y con el procedimiento en marcha, no se puede cambiar la competencia de un magistrado, porque esto viola el principio del juez natural.
El juez arguyó además que el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado cuando la Sala Penal Nacional ya había tomado conocimiento de los casos referidos a Odebrecht, por lo que reiteró que sigue siendo competente para ver seguir viendo la investigación a Alan García. El mismo criterio se puede aplicar para las pesquisas contra Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala y Nadine Heredia, reseña el periodista especializado en temas judiciales César Romero, en La República.
La defensa de Aurelio Pastor apeló y ahora la decisión del magistrado será revisada por una Sala Superior, aunque por lo declarado por el titular del Poder Judicial, la decisión para que todos los casos referidos a Odebrecht pasen al nuevo sistema ya está tomada. Incluso, dijo que espera que el juez Concepción no se ponga al margen de lo que manda la ley. "Ningún juez por más mediático que sea puede desacatar la ley", insistió.
En Canal N, Rodríguez Tineo explicó que la elaboración del nuevo estatuto estuvo a cargo de una comisión presidida por el juez supremo César San Martín Castro, fue revisado por la jueza suprema Janet Tello y recién luego se aprobó en el Consejo Ejecutivo, en noviembre pasado.
Sea como fuere, los magistrados de la Sala Penal Nacional consideran que la ley que crea el sistema Nacional Anticorrupción les da competencia para ver los casos de corrupción, pero no lavado de activos. Lo habían dicho en abril, cuando definieron su competencia en el caso de la Interoceánica y se quedaron con la investigación al expresidente Toledo. Ahora, alegan que para cambiar esta situación debe darse una nueva ley, porque se no puede hacer con una resolución administrativa como lo han hecho ahora.
[Foto de cabecera: Andina]
Lee también:
Juez Richard Concepción Carhuancho es removido del caso Odebrecht
Juez Richard Concepción respalda a Sánchez: "No hay motivo para acusarlo constitucionalmente"
Dictan prisión preventiva para empresarios peruanos socios de Odebrecht [VIDEO]
