La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución que en que se exige a EEUU que dé marcha atrás a su decisión de reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel y que se abstenga de trasladar su embajada a la ciudad, tal como lo anunció el presidente Donald Trump hace unas semanas.
La resolución, no vinculante y a propuesta de Turquía y Yemen en nombre de los países árabes y musulmanes, se aprobó con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones, y se dio en medio de las repetidas amenazas por parte de Washington a los países que votaran contra la decisión de Trump.
Al final, solo Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo se alinearon con EEUU e Israel, pero las presiones estadounidenses se tradujeron en un número de abstenciones mayor a lo habitual en este tipo de resoluciones. Entre los pases que se abstuvieron están Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Hungría, México, Panamá, Paraguay y Polonia.
"Este día será recordado", había advertido poco antes de la votación la embajadora estadounidense, Nikki Haley, dejando claro que EEUU no olvidará el voto cuando los países le pidan ayuda o cuando se le reclame que siga siendo el principal apoyo económico de las Naciones Unidas.
El lunes último, Washington había vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución similar, apoyada por los otros 14 Estados miembros, lo que llevó a los palestinos y sus aliados a recurrir a la Asamblea General, en donde ningún país tiene poder de veto, pero cuyas resoluciones no tienen el carácter vinculante de las del Consejo de Seguridad.
El pasado 6 de diciembre, Trump reconoció Jerusalén como capital israelí, rompiendo con décadas de consenso internacional, según el cual el estatus final de la ciudad debe ser acordado en un proceso de paz entre israelíes y palestinos.
La resolución de este jueves reitera la doctrina de la ONU sobre Jerusalén y exige "que todos los Estados cumplan las resoluciones" del Consejo de Seguridad relativas a la ciudad. La Asamblea General subraya que todas las decisiones "que pretendan haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tienen efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y deben revocarse".
[Foto de cabecera: Efe]
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