La suerte de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que son investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por una sentencia sobre el caso El Frontón parece estar echada, tras la última audiencia de este lunes. 

Así, ahora lo que sigue es elaborar el informe final, en un plazo máximo cinco días hábiles; es decir, sería presentado el lunes 4 de diciembre y concluiría con la acusación de los magistrados del TC Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma, quienes han denunciado que la autonomía del colegiado está en riesgo.

La aprobación de ese documento —que redactará el parlamentario César Segura (Fuerza Popular), quien en su informe preliminar se pronunció a favor de acusar a los magistrados— parece inminente, según la correlación de posturas que hay en la subcomisión.

Para Segura, los referidos magistrados habrían "infringido la Constitución por violación de la garantía constitucional de inmutabilidad de la cosa juzgada", se lee en informe preliminar al que tuvo acceso El Comercio. A los miembros del TC investigados se les imputa haber modificado el fondo de la sentencia del caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, dictada a raíz de un hábeas corpus presentado por un grupo de marinos implicados en la matanza.

La denuncia

Estos mismos exmarinos fueron los que denunciaron constitucionalmente a Miranda, Ramos, Espinosa-Saldaña y Ledesma, quienes reinterpretaron y cambiaron el sentido del voto del exmagistrado Juan Vergara Gotelli en el citado fallo del TC, que había resuelto que procedía, pero bajo parámetros distintos a los que dictó el juez de la causa, el proceso a los responsables de los asesinatos de presos por terrorismo en El Frontón, en junio de 1986.

El juez, al abrir instrucción contra 23 marinos, estableció que la matanza de de El Frontón constituía un caso de lesa humanidad, que jamás prescribe. Sin esta consideración, las supuestas ejecuciones prescribían en el 2006, es decir, a los 20 años de ocurridos los hechos.

La situación se complica porque Vergara Gotelli, debido a los problemas de memoria que padece, no puede explicar por qué votó en un sentido, que dio lugar a una sentencia, pero al mismo tiempo y en el mismo fallo, sustentó una decisión en apariencia distinta. 

Los magistrados que votaron en mayoría señalaron que el caso El Frontón no constituía lesa humanidad, pero que el juicio debía realizarse de todas maneras para cumplir una orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos votos en minoría opinaron que no al TC no le correspondía pronunciarse sobre la tipificación del delito, porque no era la pretensión del hábeas corpus, y que sea como fuere, había que administrar justicia en este caso.

Es decir, todos los magistrados estuvieron de acuerdo en que el juicio por la matanza prosiguiera, pero la mayoría quiso una nueva resolución del juez que no mencionara lesa humanidad. La minoría había alegado que la lesa humanidad era irrelevante en este caso, porque la prescripción no se podía invocar por la gravedad de los hechos y que, por tanto, el juicio debía seguir de cualquier forma. De hecho, la Corte Interamericana había señalado que en este caso hubo "grave violación de los derechos humanos".

En su voto, Vergara Gotelli señaló que el juez debía tomar en cuenta que la adhesión del Perú al tratado mundial sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad se aplica luego de firmado y no antes, y el Estado peruano lo suscribió en 2003, es decir, 17 años después de la matanza de El Frontón, explicó el periodista Ricardo Uceda en La República.

Así, los ahora procesados Miranda, Ramos, Espinosa-Saldaña y Ledesma consideraron que como Vergara Gotelli rechazó pronunciarse sobre la lesa humanidad, debían eliminar su inaplicabilidad a El Frontón en la resolución.  Se opusieron a esta modificación del fallo Oscar Urviola, Ernesto Blume y José Luis Sardón.

Testimonios los complican

Precisamente, el lunes se presentaron en la subcomisión Urviola y Blume. Ambos ratificaron sus posturas. Es decir, que Vergara respaldó la decisión mayoritaria del fallo del 2013 y no al revés, como interpretaron los cuatro magistrados procesados.

"Cambiar el fallo es tergiversar, con la afectación de la cosa juzgada", dijo Urviola en la audiencia de la subcomisión,  citado por El Comerico, luego de recordar incluso que Vergara Gotelli firmó el fallo en mayoría.

Por su lado, Blume indicó que, desde el punto de vista procesal, el recurso presentado por tres ONG y un procurador no solo fue "extemporáneo", sino que además "no eran partes involucradas del proceso". El magistrado del TC hizo una salvedad a los legisladores y les recordó que "los magistrados no son imputados por su voto", por lo que pidió a la subcomisión analizar eso con "cuidado".

Se refería a que sus colegas están bajo protección del actual ordenamiento jurídico, del mismo modo que lo están los congresistas cuando dan una ley que es declarada ilegal. En eso se basa la defensa de los acusados, o sea, en demostrar que se enfrentaron a una duda razonable y que no hay base legal para destituirlos.

Por ejemplo, el abogado Samuel Abad, defensor de Manuel Miranda, alertó que si se procedía a acusar a los magistrados, "mañana cualquiera podría acusar constitucionalmente a un congresista por su voto en una ley declarada anticonstitucional".

El fujimorismo irá "hasta el final"

Pero en el fujimorismo no parecen muy interesados en atender la razones jurídicas en este caso. El legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril, a la sazón miembro de la subcomisión, dijo que este proceso "seguirá hasta el final", mientras que su colega de bancada Karina Beteta indicó que existían indicios suficientes para determinar la responsabilidad de los magistrados.

En la sesión, el aprista Javier Velásquez alegó que los imputados fallaron por una "presión ideológica", al respaldar la postura del fujimorismo. A su turno, Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, dijo que solo tenía la duda sobre si acusar a los cuatro magistrados o solo a Eloy Espinoza, el ponente del fallo que modificó la sentencia.

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