Las ganancias que obtienen las empresas involucradas en la tala ilegal y su comercio asociado son tan altas que éstas buscan nuevas formas de evadir los mecanismos y controles que garantizan el origen legal de la madera. Incluso, “es posible que se utilicen, entre otros, instrumentos y espacios de coordinación del Estado en beneficio de sus propios intereses, con el fin de seguir comercializando madera talada ilegalmente, lejos de aprovechar estos espacios para impulsar verdaderas y profundas reformas de cambio en el sector forestal”, dicen Rolando Navarro, exdirector de Osinfor e investigador del Center of International Environmental Law (CIEL), y Melissa Blue Sky, abogada senior de la misma organización.
En su opinión, los perdedores en la cadena productiva de esta actividad ilegal son las personas y comunidades nativas utilizadas y explotadas por las mafias madereras, el Estado y los bosques amazónicos.
Este lunes el CIEL presentó en Washington ‘Mejora Continua’ de Prácticas Ilegales en el Sector Forestal del Perú, un estudio cuantitativo sobre las exportaciones de madera de alto riesgo desde el Perú en el que revela que los actores envían madera de dudoso origen legal a mercados que no prohíben el ingreso de madera ilegal (como México y China), lo cual sugiere que los exportadores peruanos pueden estar al tanto de que sus productos son ilegales en el momento de la exportación.
Esta investigación se basa en las exportaciones del 2015 de madera del Perú, ya que a partir del análisis de las Guías de Transporte Forestal (GTF) se puede rastrear la cadena de suministro hasta llegar al punto de origen: el bosque.
Navarro y Blue Sky analizaron miles de documentos y encontraron que el 75% de las exportaciones supervisadas a México figuraban en la “lista roja” del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Perú (Osinfor), lo que significa -indican- que el titular ha sido multado por infracciones graves a la ley forestal, se le sigue un proceso legal, o sus permisos han estado cancelados. En el caso de China, el 71% de los envíos estaba en la “lista roja”. Hay que indicar que ni México ni China tienen restricciones de importación para la madera ilegal. “La madera se exporta según el nivel de riesgo a los países importadores en función de sus leyes o la falta de ellas”, dice Blue Sky.
Para Navarro, una red organizada de actores ha mostrado una mejora continua, no para detener la madera ilegal, sino para talar y venderla. Y añade que la investigación demuestra que persiste el patrón de lavado de la madera de áreas no autorizadas utilizando documentos oficiales. “Aunque Osinfor creó un sistema en 2014 (el SIGOsfc, para que las empresas verifiquen la legalidad de la madera, el volumen de exportaciones de madera ilegal plantea la pregunta: ¿Están utilizando el sistema como una herramienta para aumentar la transparencia o como una nueva forma de evitarlo?”, advierte.
Inevitablemente, sus declaraciones hacen recordar el reciente informe presentado por la organización Global Witness, según el cual tres exportadores peruanos sabían que la madera que exportaban en 2015 (caso Yacu Kallpa) tenía procedencia probablemente ilegal. De hecho, Navarro enfatiza que la revisión que han llevado a cabo en CIEL permite inferir que los exportadores madereros peruanos, en complicidad con algunos funcionarios públicos, se valen de la ‘mejora continua’ para evitar la transparencia y continuar su comercio de madera de alto riesgo.
Por su parte, la abogada del CIEL indica que el Perú requiere “un sistema de trazabilidad funcional y accesible al público para mejorar la transparencia y cambiar el modus operandi de las empresas inescrupulosas que blanquean madera ilegal con documentos oficiales”, de lo contrario habrá cada vez menos mercados dispuestos a aceptar esa madera.
El puerto de Iquitos ha sido durante mucho tiempo un puerto de exportación notorio de madera ilegal, como demostraron los operativos internacionales “Operación Amazonas 2014 y 2015” y las investigaciones de la Ley Lacey del gobierno estadounidense. El informe de CIEL amplía ese mapa al Callao, donde las exportaciones también contienen altos niveles de madera de alto riesgo: 84% de los documentos utilizados para la exportación se incluyeron en la “lista roja” de Osinfor, provenían de planes de manejo no supervisadas, o falta información sobre la ubicación de la tala.
De acuerdo con el informe del CIEL, las exportaciones de productos maderales en el puerto del Callao superaron los US$39 millones en 2015. Aquí operan 67 empresas exportadoras, de las cuales seis suman el 50% de las exportaciones a nivel mundial (Maderera Bozovich, Inversiones La Oroza, Peruvian Flooring, Inversiones Técnicas Maderables, Consorcio Maderero y Maderera Río Acre). Las dos primeras envían a México (donde ya se dijo -lineas arriba- no se prohíbe las importaciones de madera ilegal) entre 65 y 90% de sus exportaciones. Cabe recordar que recientemente EEUU ha prohibido importar -por el lapso de tres años- madera de La Oroza.
Los autores concluyen con una serie de recomendaciones para garantizar la legalidad del comercio de la madera tanto dentro como fuera del Perú. "Esto incluye la generación de alertas de alto riesgo durante las inspecciones antes de la exportación desde el Perú; la necesidad de extensa documentación sobre inventarios, tala, cadena de custodia y trazabilidad, y la confirmación que la madera de proviene de la 'lista verde' y la creación de leyes en China, México y otros países consumidores/procesadores para prohibir el ingreso de madera ilegal."
Aquí puedes leer el informe completo
(Foto: Environmental Investigation Agency)
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