Alerta en el Tribunal Constitucional (TC). Los magistrados que serán investigados en el Congreso, luego de que la Comisión Permanente aprobó el viernes, con los votos del fujiaprismo, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los procese por el caso El Frontón, advirtieron que esta decisión afecta no solo la autonomía propia de sus cargos, sino que es improcedente, tal como lo habían denunciado ya ante el sistema interamericano de derechos humanos.
El proceso contra los cuatro magistrados se iniciará con una etapa indagatoria de 15 días en la subcomisión, pero puede terminar en la destitución del TC de Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, como pasó en la dictadura de los 90, si es que los legisladores los consideran culpables de una supuesta infracción constitucional, por haber violado —según la demanda de los exmarinos procesados— el principio de cosa juzgada, que prohíbe anular sentencias de casos cerrados.
Espinoza-Saldaña, uno de los magistrados en la mira del Congreso, explicó que la Constitución establece, con meridiana claridad, que nadie puede interferir en las causas que están en trámite, y el juicio por la matanza de presos por terrorismo en el penal El Frontón durante el primer gobierno aprista está en la etapa oral en el Poder Judicial, que además tipificó estos crímenes como de lesa humanidad.
"Hemos advertido al Congreso que la investigación que se está iniciando tiene problemas de procedibilidad, porque el artículo de la Constitución es muy claro, nadie puede interferir en causas que están en trámite. […] Eso puede causar un problema a futuro", subrayó en RPP.
Espinoza-Saldaña reiteró que él y sus colegas procesados se limitaron a corregir el conteo de votos del fallo que declaraba el caso como de lesa humanidad, porque los anteriores miembros del tribunal habían considerado un voto contrario como favorable, al amparo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional que prevé, expresamente, que tienen competencia para subsanar sus resoluciones en caso de algún error. A esto que se suma que la independencia funcional de los jueces, que establece el artículo 193.2 de la Constitución, señala que los magistrados del TC no tienen responsabilidad por sus fallos.
Por su lado, el magistrado Carlos Ramos, también investigado, insistió en que "no puede haber pronunciamiento del Congreso en una causa que está abierta", en referencia al juicio por el caso El Frontón.
"Constituiría un grave atentado no solamente a la autonomía del Tribunal Constitucional, de la justicia constitucional, sino yo diría un atentado contra la administración de justicia en general".
Ramos denunció que "hay un afán de cambiar el sentido" los fallos del TC en un sector del Congreso, por lo que invocó a "la gente sensata" que también hay en el Legislativo, "de distintos colores políticos, para meditar y dejar atrás este asunto que lo que hace es mediar la administración de justicia constitucional, yo diría el orden democrático mismo".
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