La Comisión Permanente del Congreso aprobó el viernes que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que fueron denunciados por exmarinos procesados por la matanza de El Frontón, durante el primer gobierno aprista.
La decisión de procesarlos se aprobó con 14 votos a favor, de los congresistas apristas y fujimoristas. Solo dos votaron en contra: los oficialistas Vicente Zevallos y Gino Costa.
Así, el Parlamento investigará a Manuel Miranda, presidente del TC, a Marianella Ledesma, a Carlos Ramos y a Eloy Espinoza, quienes podrían ser destituidos si se les halla culpables de una supuesta infracción a la Constitución, por haber violado —según la demanda— el principio de cosa juzgada, que prohíbe anular sentencias de casos cerrados.
Los cuatro magistrados en mención cambiaron los alcances de un fallo anterior del TC y establecieron que la matanza de presos por terrorismo en la cárcel de El Frontón es un caso de crímenes lesa humanidad, que no prescriben, tal como lo ratificó la justicia ordinaria que ve el caso.
Miranda, Ledesma, Ramos y Espinoza alegan que solo corrigieron el conteo de votos del fallo que emitieron los anteriores miembros del colegiado, que habían considerado un voto contrario como favorable.
En julio pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronunció a favor de iniciarles un proceso, tras la denuncia que presentaron 11 exmarinos que afrontan un juicio por este caso.
Hace un par de semanas, tres de los cuatro magistrados denunciados participaron de una audiencia pública en Montevideo, Uruguay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciaron que la autonomía del TC está bajo amenaza del Congreso de a República, controlado por el fujimorismo.
Sostuvieron que la acusación por la que ahora serán investigados en el Parlamento "en un instrumento de represalia" por el fallo que emitieron en el caso El Frontón, y recordaron que no es la primera vez que el TC es amenazado por el Congreso, ya que en 1996, en la dictadura fujimorista, cuando se destituyó a tres magistrados que se opusieron a la llamada Ley de Interpretación Auténtica para la segunda e ilegal reelección de Alberto Fujimori.
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