En medio de estéril y demagógico debate sobre la pena de muerte para violadores, las estadísticas de estos execrables dleitos confirman que es una lacra social que debe ser abordada con seriedad y responsabilidad desde los más altos niveles del poder político, pero sin pulsiones populistas como se ha visto hasta ahora.

De acuerdo al programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) existen 396 requisitoriados por abusar sexualmente de menores. De hecho, a fines de octubre, de los 2.279 buscados incorporados al sistema de recompensas, 878 están acusados por delitos de violencia sexual o de género. De este subtotal, 525 integran la lista de abusadores de menores, de los cuales han sido capturados 129 en los últimos meses, señala El Comercio.

La medida de incluir a acusados por delitos de violencia sexual en el programa de recompensas fue iniciativa recién del actual gobierno, explica el viceministro de Orden Interno del Mininter, Rubén Vargas. “Antes el programa estaba limitado a casos de organización criminal, narcotráfico y terrorismo. Empezamos a analizar las cifras y saltó inmediatamente la enorme cantidad de requisitoriados por violencia sexual o de género, y entre ellos los de violación sexual a menores”, indicó.

Esto ha significado que los imputados por este delito se conviertan en los más buscados del país. En ese sentido, Vargas incide en un factor muy importante pero que, por ser muy común, agrava el problema: la mayoría de violadores de menores son familiares de las víctimas. "Todos los casos son denigrantes, repulsivos. Lamentablemente, la mayoría de violadores está en el entorno más cercano, ese es un denominador común", explicó.

Uno de los últimos casos que ha conmocionado a la opinión pública —según refirió el viceministro de Orden Interno— es el ocurrido en Huaraz (Áncash), donde Julio Salcedo Chavarría, de 23 años, confesó haber violado a su hija de apenas 2 meses de edad. Es precisamente Áncash la tercera región del país con el mayor número de requisitoriados por delitos de violencia sexual o de género (80 casos), según el programa de recompensas del Mininter, después de Cajamarca (204) y el Callao (113).

Debate sobre pena de muerte

Luego de que varios miembros del oficialismo y el Ejecutivo marcaran distancia de sus declaraciones a favor de la pena de muerte para los violadores de menores de edad, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quiso matizar sus palabras al decir que su postura a favor de la pena de muerte para violadores de menores no refleja la posición oficial del Gobierno.

“La opinión fue personal, institucionalmente no es la posición de mi despacho ni del Gobierno. Tampoco compromete en nada la política de Estado”, dijo Mendoza. 

De otro lado, desde el Legislativo, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, sostuvo que debatirá lo ante posible la modificaciones al Código Penal para mejorar la proporcionalidad de las condenas respecto a estos delitos.

"Nos comunicaremos con la Comisión de Justicia para iniciar un debate de un Código Penal. Creemos que este debe hacerse de manera ordenada, ya que nuestro código tiene penas muy desproporcionadas", comentó Galarreta, quien además dijo estar de acuerdo con el debate sobre la instauración de la pena de muerte para violadores de menores.

(Foto de cabecera: El Heraldo)

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