La Fiscalía General de España querelló este lunes contra el expresidente de Catalunya Carles Puigdemont, todo su gabinete y contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, así como contra otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso independentista que culminó con la breve declaración de Catalunya como una república el pasado viernes.

El Ministerio Público español solicitó una fianza conjunta de 6,2 millones de euros  para todos los querellados y, en su caso, "embargo de bienes" por posibles "responsabilidades pecuniarias".

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, ordenó solo horas después de la declaratoria de independencia, el cese de Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución.

La decisión se tomó con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un "Estado independiente en forma de república".

En ambos casos, la Fiscalía demanda que los querellados sean citados urgentemente a declarar con vistas a una "eventual solicitud de medidas cautelares". En caso de incomparecencia, se pide la detención "inmediata".

Según fuentes del Gobierno español, Puigdemont se encontraría en Bruselas, aunque no explicaron los motivos del viaje, en el que iba acompañado por cinco de sus consejeros, y donde parecían tener previsto solicitar "asilo" político, según fuente independentistas.

En una comparecencia ante la prensa, el fiscal general español, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes se tramitará en la Audiencia Nacional porque ninguno de ellos dispone ya de fuero jurídico especial tras haber sido destituidos.

información de efe y el país


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