Grave denuncia. El Tribunal Constitucional (TC) de Perú advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la autonomía del colegiado está amenazada por el Congreso de a República, controlado por el fujimorismo, debido a un fallo sobre la matanza de presos de El Frontón.
El lunes último, los magistrados Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña, en representación del pleno del TC, viajaron a Montevideo, Uruguay, donde explicaron la situación en una audiencia pública del organismo multilateral, según la resolución publicada en la normas legales del diario El Peruano, que cita La República, en la que se precisa que "está en juego la independencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional".
Ledesma, quien es vicepresidenta del colegiado, fue la que explicó en la audiencia el caso, al señalar que "la independencia del Tribunal Constitucional viene siendo afectada por las presiones externas que se derivan de un pedido de acusación constitucional presentado por once ex miembros de la Marina, actualmente procesados por la justicia ordinaria en el caso El Frontón".
Esa acusación que está en trámite en el Congreso peruano —apuntó la magistrada— "se convierte en un instrumento de represalia", porque pretende sancionar a los miembros del TC por cumplir con su deber en el caso el Frontón, que además está bajo análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque existen dos sentencias que ordenan investigar los hechos y sancionar a los responsables de la matanza ocurrida en junio de 1986, en el primer gobierno de Alan García.
El pasado no se olvida
Ledesma señaló además que no es la primera vez que el TC es amenazado por el Congreso, al recordar que en 1996, en la dictadura fujimorista, tres magistrados fueron destituidos por el Parlamento, debido a que se opusieron a la llamada Ley de Interpretación Auténtica para la segunda e ilegal reelección de Alberto Fujimori.
"Hoy hay indicios razonables de que se quiere repetir la misma historia. Hay una abrumadora composición en el Congreso de miembros del fujimorismo, existe una acusación constitucional contra jueces que hemos resuelto un pedido promovido por el procurador del Estado", alertó la magistrada.
Ledesma también reveló que son varios relatores de la ONU los que han expresado al Estado peruano, de manera formal, su preocupación por el riesgo para un estado de derecho que implica amenaza a la independencia de los magistrados del TC.
A su turno, el magistrado Eloy Saldaña alertó que hay congresistas que tratan de influir en las decisiones del TC con amenazas de juicios políticos en otros casos, por lo que pidió a la CIDH que se pronuncie al respecto y ponga en conocimiento de la Corte IDH para que haga seguimiento al cumplimiento de sus fallos sobre la matanza de los penales.
Precisiones
Por su lado, el miembro del TC Carlos Ramos explicó ante la CIDH que la sentencia que dictaron en el caso El Frontón no cambió ningún fallo, solo corrigió el cómputo de votos registrado en 2013.
Precisó ante los comisionados del sistema interamericano que uno de los jueces que suscribió el voto en mayoría, a favor de la prescripción del juicio por ese caso, tuvo una argumentación diferente, al sostener que no le correspondía al TC decidir si se trataba de un delito de lesa humanidad, porque ese asunto es competencia de la justicia ordinaria, como en efecto acaba de suceder hace unos días. Por ello descartó que se haya vulnerado el principio de cosa juzgada.
Lee también:
Poder Judicial confirma que caso El Frontón es un crimen de lesa humanidad
El Poder Judicial declaró "complejo" el juicio por el caso El Frontón
¿Hasta dónde llegará la justicia en el caso El Frontón?
Demandan a cuatro integrantes del TC por reapertura del caso El Frontón
