La investigación por lavado de activos que declara al expresidente Alan García y a 31 personas de su entorno cercano como miembros de una presunta organización criminal, según el titular de la 1ª Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos José Castellanos Jara, incluye a varias y conocidas empresas peruanas.

La resolución de la fiscalía, elaborada por el despacho de Castellanos Jara, señala que los principales supuestos testaferros del exmandatario serían Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang, Aurelio Pastor, Luis Nava y la ex primera dama Pilar Nores, quienes tienen vínculos estrechos con importantes empresas peruanas.

Dentro de estas compañías se encuentran la Librería Crisol, la Universidad San Martín de Porres y hasta el Club FBC Melgar, según el documento fiscal citado por Correo este viernes. 

"Los presuntos testaferros que forman parte de grupos empresariales habrían utilizado sus empresas a efectos de que el dinero y activos de origen ilícito retornen al líder de la organización criminal —es decir, Alan García— en algún momento", sostiene en su resolución Castellanos, quien ha recibido el respaldo absoluto del titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, ante los embates del mismo García por su decisión de ampliar las pesquisas en su contra por tres años, pero ahora bajo la ley de crimen organizado.

Asimismo, el documento fiscal menciona a las empresas Quijote SAC, Librería Santilla SAC y Alpamayo Entertaiment SAC., productora de cine que realizó las películas animadas peruanas Piratas del Caribe, Dragones, destino de fuego y Valentino.

“El integrante de la presunta organización criminal no era cualquiera, sino que se trataría de alguien que tenga vocación de permanencia y demostrara confianza absoluta y capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición: una suerte de código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres (Mafia Camorra, Ndrangeta, etc.). Esta confianza tendría como objetivo el pleno beneficio del líder o jefe, y el funcionamiento regular de la organización criminal”, dice el documento, al explicar la participación que tuvieron los integrantes de la presunta organización criminal que, en su mayoría, ocuparon cargos públicos durante el segundo gobierno aprista.

La respuesta del expresidente no se hizo esperar. Este miércoles, Genaro Vélez, uno de los abogados de García, anunció que presentará una acción de amparo contra la decisión del fiscal José Antonio Castellanos Jara.

El abogado explicó que en el recurso invocarán garantías constitucionales porque consideran que Castellanos  ha hecho imputaciones falsas. "Vamos a recurrir a una acción de amparo", dijo el abogado. 

DATO

► La disposición del fiscal Castellano Jara identifica a diez personas como supuestos testaferros de segundo nivel: Asabedo Fernández, María Gamarra, Pedro Morales, Alberto Huaylinos, Carlos Arana, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel, Edmundo Zavaleta, Umberto Olcese y Julio Herrera.

(Foto de cabecera: Andina)

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