Human Rights Watch (HRW) presentó este viernes en Washington el informe sobre las acusaciones que implican al expresidente peruano Ollanta Humala en casos de violación de derechos humanos en la década de 1990, cuando era un oficial del Ejército y estaba a cargo de una base contrasubversiba en Madre Mía, durante el gobierno de Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. 

Bajo el titulo "Las pruebas que comprometen a Humala: Evidencias de atrocidades y encubrimiento de abusos cometidos durante el conflicto armado en Perú", este documento es producto de dos meses y medio de investigación, en los que que entrevistó a víctimas y testigos "de abusos en los cuales está implicado Humala", así como a la fiscal a cargo del caso, a un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa y a un periodista que habló con soldados que presenciaron los delitos o participaron en ellos.

El director para América de HRW, José Miguel Vivanco, en conferencia de prensa en Washington, dijo, al presentar el informe de 26 páginas, que "nuestra impresión es que los obstáculos no están en el Ministerio de Defensa sino en las Fuerzas Armadas"

Vivanco se refería que los archivos del Ejército que involucrarían al expresidente Humala "fueron incinerados", tal como se lo confirmó a los investigadores de la HRW uno de los entrevistados para elaborar el informe en mención.

La organización internacional que defiende los derechos humanos también subraya en el documento que "han surgido nuevas evidencias que implican de manera creíble" a Humala en el caso Madre Mía y que "también sugieren de forma contundente que intentó encubrir pruebas incriminatorias cuando se postuló a la Presidencia en 2006".

En mayo pasado, el Ministerio Público peruano abrió una nueva investigación luego de que varios soldados confesaron en televisión haber torturado y asesinado a detenidos en la base militar de Madre Mía por órdenes de Humala,  quien entonces empleaba el seudónimo de "Capitán Carlos".

Entre el 2006 y 2009, el exmandatario —hoy bajo prisión preventiva junto con su esposa, Nadine Heredia, en el marco de una investigación por lavado de activos en el que se les acusa de recibir US$3 millones de Odebrecht para su campaña del 2011— ya había sido investigado por asesinato, tortura y desapariciones forzadas ocurridas en operaciones militares contra grupos subversivos en la década del 90.

Precisamente, en el 2009, este proceso se archivó, después de que algunos de los testigos que habían incriminado a Humala cambiaron su testimonio. HRW, en su informe, recoge el testimonio de algunos de ellos, que admitieron haber recibido en ese entonces dinero para cambiar su versión de los hechos.

Además, algunos soldados entrevistados por la organización denunciaron que en el 2006, "personas allegadas a Humala" les pidieron que entregaran toda evidencia que relacionara al entonces candidato presidencial con el caso Madre Mía.

"Todos aquellos que se nieguen a cooperar en la identificación de militares, incluidos comandantes, o que hayan podido estar involucrados en la destrucción de documentos oficiales deberían ser investigados penalmente por obstruir la Justicia", señaló Vivanco.

DOCUMENTO: Este es el informe completo de HRW

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