A pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, la Corte Suprema realizará un pleno casatorio para uniformizar los criterios en la investigación y juzgamiento de los casos de lavado de activos. Así lo informó el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, quien ya encargó la coordinación esta tarea al presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, el vocal supremo César San Martín Castro.

Rodríguez señaló que el numeral 4 del artículo 433 del actual Código Procesal Penal establece que, a solicitud del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, "obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Jueces en lo Penal de la Corte Suprema". Esta propuesta nace por la sentencia de Casación N° 92-2017- Arequipa, de fecha 08 de agosto de 2017, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la cual fue cuestionada por el Ministerio Público y también por varios jueces, como es el caso de Richard Concepción Carhuanco.

Participarán de este pleno casatorio los tres jueces de las salas penales de la Corte Suprema, la penal permanente encabezada por César San Martín, la primera suprema transitoria, presidida por José Luis Lecaros Cornejo, y la Segunda Penal Transitoria, a cargo de César Hinostroza. Cabe indicar que los acuerdos a los que se lleguen en esta reunión de los jueces de las salas penales tendrá carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para todos los órganos jurisdiccionales del país responsables de resolver casos por lavado de activos.

Alarmados 

El fiscal supraprovincial del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso ‘Lava Jato’, Marcial Páucar Chappa, no pudo ocultar su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema sobre los casos de lavado de activos. Esta decisión judicial —comentó Paúcar— crea un "cuadro de impunidad muy grave". 

Para el fiscal, este fallo de la Corte Suprema pone en peligro casos emblemáticos como el de los Sánchez Paredes —que ya está en etapa de juicio oral—, el caso del Clan Orellana e incluso los procesos vinculados a las empresas brasileñas del caso Lava Jato. "Las repercusiones serán gravísimas ante la posibilidad de que se declaren fundadas posibles acciones de improcedencia contra varios casos emblemáticos de lavado de activos", aseveró a La República.

De otro lado, los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, que dirige Alberto de Belaunde, también expresaron su preocupación por la casación 092-2017 de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, ya que se trataría de una "amenaza" en la persecución de los delitos de lavado de activos. Los congresistas advirtieron que esta medida "generaría el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano".

(Foto de cabecera: La República)

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