Indicios de una relación peligrosa. El pasado 3 de agosto, el fiscal anticorrupción Andrés Montoya decidió iniciar a una investigación preliminar contra el ex presidente Alejandro Toledo, con orden de captura, por recibir US$ 20 millones de la empresa Odebrecht; y al encarcelado abogado Rodolfo Orellana, por presuntos vínculos entre ambos.

El fiscal Montoya emitió esta disposición por un plazo de 120 días para investigar al exmandatario y a Orellana por colusión, según informó El Comercio. En ese sentido, la fiscalía de lavado de activos ya había solicitado a su par anticorrupción que abra una investigación al prófugo ex jefe de Estado, debido a que encontró indicios de que la red de Orellana entregó dinero a su campaña presidencial y de que a cambio fue beneficiada cuando fue elegido presidente.

Las declaraciones de al menos cinco colaboradores eficaces, recabadas y corroboradas por la fiscal Marita Barreto -quien tiene a su cargo la investigación a Orellana desde el 2014-, habrían sido pruebas fundamentales para dar comienzo a estas nuevas pesquisas. De acuerdo a uno de los testimonios de los colaboradores, Toledo ayudó a que la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C. obtuviera contratos valorizados en S/ 120 mil con el Ministerio de Educación para la elaboración de expedientes técnicos en el saneamiento físico de 68 inmuebles.

Fuentes fiscales, consultadas por El Comercio, manifestaron que el fiscal anticorrupción ha requerido al Ministerio de Educación el expediente completo de dicha contratación. La intención de Montoya es revisar los actos previos hasta la adjudicación del contrato para luego someterlo a una pericia que determine si existió alguna ilegalidad.

Los nexos

Para Barreto, el primer nexo entre Toledo y Orellana fue Zunilda Elna Ramos Gallegos, ex esposa del encarcelado abogado, quien hoy es prófuga de la justicia. Resulta que en el 2014, Perú Posible confirmó que Ramos trabajó en el área de asistencia social del despacho de la entonces exprimera dama Eliane Karp, entre el 2002 y el 2004, con un sueldo de casi S/5 mil.

En esa línea, las mismas fuentes indicaron que el fiscal Montoya decidió archivarlo debido a que los delitos de negociación incompatible y nombramiento indebido del cargo ya prescribieron. La Procuraduría Anticorrupción apeló -este miércoles- en este extremo de la decisión y aún está pendiente la resolución de la fiscalía superior.

Sumado a esto, el colaborador eficaz 01-25-2014 declaró a la fiscalía de lavado de activos que el alquiler del inmueble donde funcionaba la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, que fundó el expresidente, fue solventado por la red Orellana.

DATO

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