La Sala Penal Nacional de Perú decidió, este martes, archivar el proceso por el caso Huancapi, en el que se juzga la desaparición y posterior asesinato de siete políticos ayacuchanos en 1991.
La abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, explicó a LaMula.pe que la Sala no se ha pronunciado sobre el fondo, que es la responsabilidad de los militares, entre ellos José Luis Chávez Velásquez (Centauro), sino que le ha dado la razón al acusado al señalar que él ya fue juzgado anteriormente por este caso en el fuero militar y común.
"La Sala ha señalado que se respetó el debido proceso y habiendo sido absuelto no se le podía juzgar por los mismos hechos con lo que se declaró cosa juzgada y se mandó al archivo el proceso", señaló la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Sin embargo, la Sala ordenó al Estado peruano pagar una reparación civil de 200 mil soles por cada víctima y ordenó al Ministerio de Justicia (Minjus) buscar los cuerpos de los entonces candidatos por Izquierda Unida (IU) en Huancapi, Ayacucho: Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe y Julio Arotoma.
Estos políticos celebraban, el 19 de abril de 1991 en la plaza de Huancapi, su inscripción en las elecciones municipales y luego fueron llevados por la fuerza por militares, desaparecidos y asesinados.
Por este crimen de lesa humanidad, fueron acusados el entonces subteniente Chávez Velásquez (Centauro), Julio César Torres Ortiz, Juan Díaz Peña, Juan Carlos Gutiérrez Huamaní y Javier Quispe Díaz. De igual manera, se acusa al teniente Carlos Morgan, jefe de la base militar.
Con este reciente fallo de la Sala Penal Nacional, todos ellos quedan absueltos. "No hay culpables porque señala como fundada la cosa juzgada. Si bien es cierto que antes hubo un proceso judicial, este fue en los años noventa durante el gobierno de Fujimori y los familiares tenían temor, desconfianza", explicó.
Cano afirmó que los familiares de las víctimas están deseosas de seguir batallando hasta el final. Mañana miércoles presentarán un recurso el cual deberá ser fundamentado en los próximos diez días y luego se esperarán varios meses para que la Corte Suprema dictamine.
La abogada recordó que este caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Estado peruano se comprometió a impulsar la justicia para procesar a los responsables, condenar y reparar. Ante este fallo en contra de las víctimas, Cano anunció que van a informar a la CIDH de este hecho.
(Foto de portada: LUM)
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