Mientras en Venezuela la crisis se agrava, y el caos y la incertidumbre se disparan tras un fallido levantamiento armado contra el régimen de Nicolás Maduro, que un excapitán al mando de 20 hombres encabezó la madrugada del domingo, confuso suceso que se saldó con dos muertos y ocho detenidos, organizaciones sociales y de derechos humanos del país llanero difundieron una carta abierta sobre la cita de cancilleres que convocó el Perú para este martes en Lima.

En esa reunión —según se sabe— los países de la región buscarán establecer una posición conjunta y materializar medidas ante las últimas acciones del chavismo tras la imposición a sangre y fuego de una Asamblea Constituyente que marca la ruptura formal del orden democrático en Venezuela y la destitución arbitraria de la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz.

En ese contexto, las organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanos expresaron su posición sobre el cónclave de Lima, a donde se espera la llegada de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay, en un carta en la que describen las acciones del régimen que motivaron una ola de protestas en las calles desde el 1 de abril pasado y se manifiestan contra la "interrupción del hilo constitucional y el debilitamiento de la institucionalidad democrática".

"La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las demandas ciudadanas mediante el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha sido la represión y la violencia. Según las cifras del Ministerio Público del 31 de julio del año en curso, en Venezuela 121 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas, de las cuales al menos 99 han sido asesinadas directamente en actos de represión, mientras ocurren violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la violación de domicilio sin orden judicial y sin cumplir los requisitos legales para ello; detenciones masivas y arbitrarias; torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra personas privadas de libertad por manifestar; aplicación de la justicia militar contra civiles; ataques contra conjuntos residenciales; uso de civiles armados contra las protestas y la violación generalizada de los estándares internacionales en el uso de la fuerza".

Cuestionaron además la Constituyente chavista que se acaba de instalar, al señalar que esta se realizó sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación del país y vulnerando los principios que caracterizan a un proceso electoral como democrático.

"Según las denuncias procesadas por nuestras organizaciones el hostigamiento a los empleados públicos para obligarlos a participar en los comicios del 30 de julio se transformó en una política de Estado. Las autoridades electorales han anunciado una cifra de participación -superior a los 8 millones de personas- que no corresponden con las evidencias registradas durante la jornada. Lo que ha sido caracterizado como un fraude, ha sido denunciado tanto por la Fiscal General de la República, el rector principal del CNE Luis Emilio Rondón, como por antiguos ministros de la administración de Hugo Chávez, profundizando con ello la crisis social y política de Venezuela. Incluso la propia empresa contratada por el Estado venezolano, Smartmatic, para instalar la plataforma informática y tecnológica que se utilizó en dicho proceso, ha denunciado que los resultados de la ilegal elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron falseados".

¿Qué esperan de la reunión de cancilleres de Lima?

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento —más de 50— consideran clave la actuación de la comunidad internacional, para obligar al Estado venezolano a cumplir sus deberes en relación a la democracia y a los derechos humanos. Por ello, le piden los cancilleres de los diferentes países que se reunirán este martes en Lima que aborden nueve puntos que consideran fundamentales, de acuerdo a la carta abierta en mención:

1. Exhortar al gobierno venezolano suspender la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, respetar el marco constitucional vigente y la independencia de los poderes, especialmente el Parlamento y el Ministerio Publico.

2. Reforzar el papel de los Sistemas de protección a los derechos humanos para que incida en la resolución democrática de la crisis venezolana, instando al gobierno a aceptar la visita tanto de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los de Naciones Unidas. 

3. Instar al gobierno venezolano al anuncio y cumplimiento de un calendario electoral de los procesos comiciales pendientes establecidos en la Constitución Nacional, realizados según los estándares democráticos. 

4. Exigir al gobierno venezolano el respeto a los derechos de libertad de reunión, expresión y asociación, así como el de manifestación pacífica, deteniendo su criminalización, desactivación de grupos de civiles armados, el uso de la justicia militar contra civiles, la liberación inmediata de personas privadas de libertad por razones políticas y la investigación y sanción de las denuncias de violaciones de derechos humanos.

5. Exigir al gobierno venezolano el respeto y el cese inmediato de todo acto de persecución, intimidación o amenaza contra los activistas de derechos Humanos y miembros de las ONG que se han dedicado a denunciar y a registrar las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en nuestra nación.

6. Instar al gobierno venezolano a que acepte la cooperación internacional humanitaria que permita en un corto plazo mejorar el acceso de la ciudadanía a los alimentos y medicinas, reconociendo la gravedad de la situación de amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en situación vulnerable. 

7. Continuar realizando las gestiones necesarias para que los diferentes países de la región asuman la crisis migratoria generada por los retrocesos en derechos sociales y políticos en Venezuela con estándares en derechos humanos. 

8. Impedir la aprobación de sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, las cuales aumenten la crisis humanitaria existente en Venezuela.

9. Contribuir con las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como con las instituciones del Estado que lo solicitasen, en el esclarecimiento de investigaciones que develen las conexiones de funcionarios del gobierno venezolano en casos de corrupción, que han generado como consecuencia la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestra nación, así como garantizar el acceso a la información pública.

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