El hombre que acompañó a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori a su cita con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, es un rostro poco conocido entre la gente del campo pero sí recordado por el régimen laboral especial que fue aprobado en el año 2000 en el gobierno del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, hoy preso por corrupción, homicidio calificado, secuestro y lesiones graves. La conocida “Ley Chlimper” fue promulgada a un mes de su renuncia por fax.  

La Ley de Promoción del Sector Agrario fue firmada cuando José Chlimper Ackerman - director del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), presidente del directorio de la Sociedad Agrícola Drokasa S.A y actual secretario general del partido FP- era ministro de Agricultura, Federico Salas premier y Carlos Boloña, ministro de Economía. Es en ese contexto que se creó este sistema de patrocinio para quienes cosechan espárragos, quinua, maca y otros productos alimentarios que exportan los empresarios a través del Grupo Gloria, Grupo Romero, Camposol o Danper hacia diferentes países del mundo.

La precarización del trabajo al que se han adaptado los agricultores por más de 17 años, se evidencia en su calidad de vida. La “Ley Chlimper”, ampliada en el 2006 por el Congreso de la República (Ley N° 28810) y en el mandato de Alan García, para extender su vigencia, instaura la remuneración diaria no menor a 16 soles, siempre y cuando el agricultor labore más de cuatro horas diarias. Prevé modalidades de contratación tiempo determinado y reduce las vacaciones a solo por 15 días. Además, incluye la Compensación por Tiempo y Servicios, las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y contempla un 4% de la remuneración mensual para el seguro de salud.

“Los recortes como de la CTS y otros derechos laborales terminan siendo un tema inferior porque muchas de estas empresas pagan por encima del sueldo mínimo. El tema va por la precariedad y flexibilidad en el trabajo del que pueden ser despedidos, la reducción de vacaciones, trabajar más de 8 horas continuas, según la temporada y la falta de subvenciones”, resalta el sociólogo y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) Fernando Eguren a LaMula.pe.

En la mayoría de países de América Latina, los empleados de este sector se encuentran en el régimen laboral común o general. También se dictan medidas especiales a los empleadores como transportar a los trabajadores al campo de cultivo y programas de vacunas o vivienda. La tendencia va hacia el establecimiento de regímenes con igualdad de derechos para los diferentes sectores. Si ese es el panorama, ¿por qué mantener entonces una ley que flexibiliza el régimen tributario y laboral para las actividades agroindustriales?

“Esta ley que estaba prevista para que dure 10 años en la expectativa que en ese lapso las condiciones de las empresas agroindustriales ya no requerirían de este ‘estatus de favor’, ahora va hasta el 2021 y tengamos por seguro que antes de que concluya esto va a haber presión para que se prolongue. En los periodos de que se requiere mano de obra, muchas de las que trabajan son mujeres y se crea un problema que no se aborda. Hay un descuido de lo que es que lo que pasa con las familias dedicadas al agro. Políticamente, al agricultor no lo respalda nadie”, comenta Eguren.

Quienes defienden este estatuto mencionan que el aumento de las inversiones, nacionales y extranjeras, en el agro ha impulsado el incremento de la producción de alimentos para el mercado externo, lo que ha convertido a este sector en el segundo generador de divisas con un promedio anual de exportaciones que llega a los 4.724 millones de dólares.  

En los primeros ocho meses del 2015, las exportaciones agrarias superaron los 3.046 millones de dólares y la balanza comercial agropecuaria alcanzó un superávit equivalente a 361 millones. En el mismo periodo, las principales adquisiciones vinieron por parte de Corea del Sur, Inglaterra, Chile, México, Ecuador, Japón, entre otros.

Para el abogado laboralista, Ricardo Herrera este sector es el que más ha crecido. Sin embargo, el nivel de ingresos determina la posibilidad de estudiar y acceder a mejores servicios básicos para vivir bien. Las mujeres son las que trabajan para la familia en el campo y hasta se da el trabajo infantil.

“En la agroindustria es distinto. ¿Ese régimen debe seguir siendo aplicado también a las grandes empresas? En el caso de las pequeñas empresas y el sector informal es donde el Estado debe enfatizar. Es ahí es donde las condiciones son insalubres. Las empresas agrarias por fomento deben continuar en el régimen especial y estarían en capacidad de pagarlo”, resalta Herrera.

Otro de los problemas que presenta este planteamiento normativo es la inexistencia del contrapeso frente una norma que dinamiza a un sector pero puede ir socavando los derechos laborales. El control e inspección sobre explotación laboral en las áreas rurales son casi nulas. El Ministerio del Trabajo solo cuenta con 450 inspectores a nivel nacional.

“No existen sindicatos en el campo, hay muchas barreras para la conformación de éstos por la propia resistencia de las empresas para que se formen. Los partidos políticos tuvieron un papel muy destacado en la formación de sindicatos y ahora no existe eso. Tras la reforma agraria y con el auge del neoliberalismo, la tradición sindical en las áreas rurales se cortó”, resalta Fernando Eguren.

Todos estos elementos suman y podrían generar una verdadera situación de desprotección a los trabajadores y hasta cierta forma de inferioridad para los que están fuera de este sector agropecuario. Las inversiones del Estado para la irrigación en la costa y la sierra, las ventajas comparativas del Perú, vinculadas a diversos microclimas y suelos favorables en agro, permitieron que los productos alimentarios peruanos y calidad se expandan alrededor del globo. Un costo y beneficio: polarizado; pues la educación, por ejemplo, es una radiografía sobre el desarrollo personal de los agricultores. Tres de cada 10 tienen primaria completa, data la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 

En un escenario de creciente agroindustria de exportación es importante reconocer que no todo lo que a corto plazo conviene para el sector, asegura a la larga la ganancia para todos los actores involucrados. La reciente cifra del Ministerio de Agricultura sobre la venta de productos agrícolas al mundo es de más de 900 millones de dólares entre enero y febrero. Pero este dinero no protege a las campesinas de ser obligadas a condiciones de abuso como el usar un pañal para no parar de trabajar la tierra, resistir el sol por más de 8 horas, quizá hasta el doble, según la temporada y no contar con cobertura médica adecuada los convierte en algunos casos en: esclavos modernos.

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