"Nuestra convicción de seguir impulsando una estrategia de crecimiento verde como vía para enfrentar los desafíos del cambio climático, que afectan especialmente a la región; y reafirmamos la Declaración que suscribimos en la COP 20/ CMP 10, en Lima en diciembre de 2014, así como nuestro respaldo al Acuerdo de París de diciembre de 2015; e intensificaremos los esfuerzos de nuestros países en materia de medición, reporte y verificación de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero con miras a identificar posibles mecanismos voluntarios de mercado entre la región".
Este texto es parte de la declaración de los jefes de Estado de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto y Pedro Pablo Kuczynski), que se llevó a cabo recientemente en Colombia.
De hecho, es un importante acuerdo de los presidentes de la Alianza para impulsar el crecimiento verde y el control de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la región. De esta manera se muestra interés por consolidar lo iniciado durante la COP 20.
En América Latina y el Caribe más de 30 países han presentado sus compromisos nacionales en mitigación y adaptación al cambio climático (contribución determinada a nivel nacional - NDC por su sigla en inglés), incluidas metas de reducción de emisiones y en la mayoría de los casos también metas de adaptación al cambio climático.
El avance económico que han registrado los países latinoamericanos durante la última década ha tenido un gran impacto en sus recursos naturales, hasta el punto que algunos expertos ven con preocupación su agotamiento acelerado e imparable. Es aquí donde entra en juego el crecimiento verde inclusivo, que fomenta el desarrollo económico al tiempo que asegura los bienes naturales.
La economía verde se refiere a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos naturales, además de los insumos tradicionales como trabajo, energía fósil y capital. Una economía verde valora e invierte en el capital natural y ofrece mejores condiciones para garantizar un crecimiento sostenible y busca conservar y preservar el medio ambiente en el entendido que éste es fundamental para garantizar la sustentabilidad de la producción para las generaciones futuras.
Para que lo dicho por los presidentes de la Alianza no quede en palabras, es necesario contar con políticas que nos permitan tener ciudades más limpias, con usos más eficientes de los recursos hídricos, de energía y transporte, y prepararlas para los desastres que pueda ocasionar el cambio climático.
Aunque el cambio climático no se frene, siempre queda una salida: la adaptación. Pero esa adaptación y sus dos caras, la de la prevención y la de reducir sus efectos una vez producidos, requiere de una actuación decidida.
En el Perú hay iniciativas públicas y privadas, nacionales, regionales y distritales, y también desde la sociedad civil. Esto es un avance paulatino y requiere de mayor visibilización en la agenda nacional. Por lo pronto, este año la Presidencia del Consejo de Ministros presentó el proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático, el cual está siendo debatido entre las organizaciones ambientalistas en coordinación con el Ministerio del Ambiente.
Es una propuesta para cumplir con el Acuerdo de París y considera disposiciones para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de la gestión ante el cambio climático.
De cara a la COP 23 que se llevará a cabo en noviembre y luego de que esta semana la mayoría de integrantes del G20 manifestara su respaldo al Acuerdo de París, América Latina debe continuar trabajando para no solo proponer sino también ejecutar cada vez más políticas para enfrentar el cambio climático, así como medidas económicas permitan un desarrollo sostenible.
