En mayo del 2015, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) firmó un convenio marco con la Municipalidad de La Victoria con el objetivo de probar un piloto del Plan de Cuadrante Inspectivo (PCI), una estrategia de fiscalización basada en la sectorización por manzanas a nivel distrital.
En agosto de ese mismo año, la Sunafil aprobó la conformación de un equipo implementador de dicha estrategia.
En enero del 2016, la Sunafil y la Municipalidad de La Victoria presentaron un balance de las acciones que se tomaron para combatir la informalidad laboral en dicho distrito. Según cifras citadas por Tv Perú, hasta diciembre del 2015, se identificaron 2,971 establecimientos que no estaban registrados en la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y se realizaron 4,036 acciones de orientación.
En abril de ese mismo año, la Sunafil resaltó la estrategia del PCI en un video informativo en el que se precisa que para su operatividad "se ha tomado información cartográfica del INEI y se ha realizado el cruce del listado de la planilla electrónica georeferenciada de establecimientos y microempresas de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo".
En dicho video, se puede observar también a inspectores fiscalizando bodegas y restaurantes, cuyos dueños reconocieron la importancia de esta labor.
Sin embargo, en febrero pasado, con la llegada de la superintendente Sylvia Cáceres, este plan entró en revisión. Ante la tragedia en el incendio en Las Malvinas, donde cuatro personas murieron atrapadas porque trabajaban encerradas como esclavos, LaMula.pe consultó sobre el PCI con el secretario general del Sindicato Nacional de la Sunafil, Guillermo Córdova, quien denunció que "esta gestión la ha desactivado totalmente".
"Con esta estrategia de fiscalización, se inspeccionaba galería por galería, piso por piso", explicó señalando que estas muertes pudieron ser evitadas con un plan de fiscalización laboral más fuerte.
Ante los cuestionamientos a las autoridades del Ministerio de Trabajo y la Sunafil, la superintendenta Sylvia Cáceres ha reconocido, sin decirlo expresamente, que el PCI no funciona actualmente. "Rechazo tajantemente que no haya voluntad de fiscalizar al sector informal, era una experiencia piloto, que se focalizaba no en la micro ni pequeña empresa, sino en la mediana y gran empresa", dijo a RPP.
Cáceres intentó defender la cancelación de este plan afirmando que "la evidencia arrojó que cuando un inspector de trabajo, iba puerta a puerta y se encontraba con una micro empresa, el inspector le terminaba diciendo al empresario que no podía fiscalizarlo porque no tenía competencia y pasaba a la otra empresa de al lado que sí era mediana o gran empresa". "Y eso generaba no solo dispendio de recursos innecesarios, sino además una señal de impunidad y de total desprotección a ese trabajador que sí se encontraba laborando en la micro empresa", afirmó.
Sin embargo, como hemos visto en el video institucional de Sunafil mostrado anteriormente, el PCI estaba dirigido a las micro y pequeñas empresas. La superintendenta Cáceres parece intentar defender la desactivación de un plan de fiscalización laboral, que ahora vemos, pudo haber evitado esta tragedia, ya que la labor era ir a galerías, como la que se incendió en Las Malvinas.
La situación de la fiscalización laboral es preocupante en el Perú. Ahora vemos las consecuencias fatales de la ausencia de un plan de lucha contra la informalidad y la explotación laboral. Muestra de las necesidades de este sector es que desde mayo pasado, los inspectores de la Sunafil protestan por el incumplimiento del pago de los bonos que les corresponde y exigen la contratación de más fiscalizadores.
El sindicato de la Sunafil denunció que no hay ningún inspector en las regiones Loreto, Tumbes, Tacna, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Apurímac, Puno, Moquegua, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y San Martín. Estimó también que se necesitarían aproximadamente 2,000 inspectores para cumplir de manera efectiva sus funciones, pero en la actualidad solo tienen menos de 400. Además, precisó a LaMula.pe, "de los 390, solo 100 son inspectores de trabajo, el resto solo son inspectores auxiliares".
O se fortalece de una vez la fiscalización laboral en el Perú o seguiremos lamentando más muertes porque el Estado no garantiza que los trabajadores peruanos laboren en condiciones de seguridad y bienestar dignas.
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