El cuestionado contralor Edgar Alarcón ha sostenido e insistido en que se sintió presionado por el Gobierno por el tema de la adenda de Chinchero, pero al parecer esas prácticas y métodos cuestionables suelen ser habituales en la institución que dirige, según reveló Cuarto Poder.
Un reportaje del programa dominical recogió el testimonio de exauditores que han denunciado presiones de la cúpula de órgano de control —altos funcionarios que son cercanos al actual titular de la Contraloría—, para que cambien sus informes a favor de la entidades auditadas.
Así, Julio Sifuentes contó que en el 2009, cuando él era gerente de Auditorías Financieras y Fuad Khuory estaba a la cabeza de la Contraloría, el vicecontralor, Oswaldo Yupanqui, y al gerente de Calidad, Paco Toledo, le exigieron firmar una carta que requería a un auditor externo, Edgar Garay, cambiar su informe contra Agrobanco por no justificar el gasto de 21 millones de soles transferidos por el gobierno. El mismo Garay ratificó la versión Sifuentes y reveló cómo fue que la Contraloría lo hostigó. "Me denuncian penalmente por deudor tributario", refirió.
Alarcón en el limbo. Esta semana, el congrso puede definir la contuidad del contralor en el cargo. (La república)
Por su lado, Rafael Cussiánovich contó que fue removido de la jefatura de Control Interno del Gobierno Regional del Callao por revelar en un informe irregularidades en obras de losas deportivas, en el 2012. Su salida incluyó una carta del mismo Khoury, en ese entonces titular de la Contraloría, en la que anunció su destitución al gobernador Félix Moreno —hoy investigado tras ser acusado de recibir sobornos de Odebrecht—.
La Contraloría negó las presiones denunciadas, pero las dudas y cuestionamientos sobre la forma la forma en que se está manejando la institución las ha reforzado el mismo el actual contralor Alarcón, quien el fin de semana salió públicamente a acusar a la ministra de Educación, Marilú Martens, de tener responsabilidad penal en una investigación sobre la compra de computadoras en el sector, en medio de un enfrentamiento que tiene con el Gobierno. Poco antes había amenazado con demandar a la UNSA y el rector de esta universidad por investigar y concluir que obtuvo su título profesional de manera fraudulenta.
El detalle clave es que Alarcón hizo imputaciones sin haber siquiera escuchado o recogido los descargos de Martens al respecto. Incluso convocó a una conferencia de prensa para este lunes, con el fin —dijo— de dar "detalles" sobre la denuncia que implica a la ministra, quien replicó y cuestionó la actuación de la Contraloría, al señalar en su cuenta de Twitter que para combatir la corrupción es necesario que el Perú tenga órganos de control "que actúen con objetividad y transparencia".
Incluso, en el Minedu evalúan querellar a Edgar Alarcón, luego de que la misma Contraloría admitió que no ha recibido aún los descargos de Martens y que tiene plazo hasta el miércoles.
En un comunicado difundido por su despacho, la ministra de Educación calificó de inaceptable la conducta del contralor y subrayó que este incurre en una falta grave al adelantar opinión sobre un informe que aún no puede haber finalizado, por lo que —explicó— Alarcón habría infringido los principios de control gubernamental, en específico el artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría, que prohíbe revelar información que pueda causar daño durante la ejecución de una acción de control.
"Ese informe no puede incluir una responsabilidad penal contra mí porque aún no he presentado la información requerida por la Contraloría respecto al requerimiento de computadoras que realicé en los años 2014 y 2015 para los Colegios de Alto Rendimiento, en mi calidad de Directora General de Servicios Educativos Especializados".
En el oficialismo, el vocero de la bancada de gobierno, Carlos Bruce, también cuestionó a Alarcón en el mismo sentido. "Creo que la justicia debería actuar, porque ya es delictivo adelantar opinión en un caso abierto, eso viola la ley de la Contraloría y lo hace para atacar al gobierno por venganza, y eso es abuso de autoridad y aprovechamiento del cargo, y debe ser procesado en la fiscalía", dijo en el programa Agenda Política.
¿Suerte echada?
Bruce comentó también sobre la investigación de un subgrupo del Congreso sobre las graves denuncias que pesan sobre Alarcón, y cuyo informe final se entregaría este martes por la mañana, y el mismo día por a tarde la Comisión Permanente abordaría este asunto. El legislador oficialista sostuvo que la suerte del contralor “está echada”, debido a que habría unanimidad en que su situación para continuar al frente de la institución es insostenible.
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