El gran incendio que se inició el jueves de esta semana —que sigue sin poder ser controlado por los bomberos— en la galería Nicolini, en la zona de Las Malvinas, en el Cercado de Lima, ha confirmado lo peor de nuestra realidad como sociedad. Es una tragedia que se hubiera podido evitar si las autoridades pertinentes hubieran hecho su trabajo.
La Municipalidad de Lima debió fiscalizar que se cumplan las normas de seguridad en un lugar donde, se sabe, impera la informalidad; el Ministerio de Trabajo tenía que verificar las condiciones laborales en la zona, pero desactivó el programa que debía hacerlo. O sea, ni lo uno ni lo otro. El resultado: cuatro jóvenes atrapados en un contenedor en el que trabajaban en condiciones de cuasi esclavitud, en pleno siglo XXI.
Uno de ello se llama Jorge Luis Huamán Villalobos, quien trabaja en Inversiones JPEG S.A.C., la empresa ubicada en el tercer y cuarto piso de la galería Nicolini, que operaba con total impunidad. "Jorge Luis trabajaba de lunes a domingo y apenas le pagaban 100 soles semanales, a veces solo S/50. Una vez le contó a mi mamá que almorzaba dentro del contenedor, encerrado. Sabemos que no nos lo devolverán, pero tienen que pagar por su muerte", realtó María Vicente, la hermana del joven de 19 años.
Jovi Herrera es otra de las víctimas de la indolencia y negligencia de empresarios y autoridades. Este joven de 20 años le pidió a su tío que cuide a su hija cuando perdió las esperanzas de salir con vida del incendio en Las Malvinas. Se había convertido en padre hace un mes y desde esa misma fecha trabajaba en JPEG S.A.C. "Lo último que me dijo fue: 'Tío, cuídame a mi hijita, los amo'", contó César Herrera.
Lamentablemente, desde las 5 de la tarde del jueves, ninguno de los trabajadores siguió hablando con sus familiares. A casi 48 horas, las esperanzas de sigan con vida, se desvanecen. Los otros dos desparecidos fueron identificados como Luis Guzmán Taipe, un adolescente de 15 años, y la trabajadora Isabel Pantoja, quien laboraba como ayudante de cocina en una cebichería cercana.
"Esto es dantesco acá, viene de la cantidad de solventes y químicos que no deberían estar... Los responsables de este incendio han cometido un acto criminal", dijo el viernes el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando llegó al lugar de la tragedia.
Ese mismo día había estado el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien en lugar de asumir la responsabilidad política que le corresponde como la máxima autoridad edil de la capital, se lavó las manos. Culpó a la gestión anterior de haber permitido que se instalan los contenedores donde encerraban con llave a los trabajadores en la parte superior de la galería.
Pero no contó que los bomberos, los comerciantes y hasta el mismo Google lo desmentirían. Primero, Roxana Fiestas Mendes, quien trabaja en la galería Nicolini, ubicada en el primer piso del edificio, denunció que los contenedores se colocaron ahí este año, algunos incluso desde antes. "En la parte de atrás, los contenedores fueron instalados hace un año y medio", indicó. Es decir, durante la administración de Castañeda.
Luego, imágenes satelitales de Google de la galería confirmaban que en marzo del 2015, cuando Castañeda ya estaba sentado en el palacio municipal, confirmaban que esos contenedores no estaban ahí. Es decir, se tuvieron que colocar luego, bajo la gestión del actual alcalde.
Además, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se pronunció sobre la tragedia y en comunicado responsabilizó a la Municipalidad de Lima por la falta de supervisión.
¿Y los empresarios explotadores?
Luis Yshii Meza, director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, dijo que los responsables de este presunto delito de explotación laboral podrían recibir entre 25 y 30 años de prisión, de acuerdo al artículo 153-C del Código Penal.
"Por versión de los familiares sabemos que al parecer son cuatro personas las que estaban en el contenedor, entre ellos un menor de edad. Este es un caso típico de explotación laboral", subrayó el funcionario, quien acompañó a los familiares de Jovi Herrera y Jorge Huamán a la División de Investigación de Trata de Personas a los familiares para denunciar el caso.
Según el Ministerio Público, los responsables del incendio serán denunciados por presunto delito de peligro común por medio de incendio en su forma agravada.
La fiscal María Hinostroza Centa, titular de la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima, está a cargo de las investigaciones. Las primeras diligencias que ordenó son recoger las declaraciones de Juan Manuel Polar de Rivera y José Enrique López Ramírez, apoderado y gerente de Inversiones JPEG SAC, respectivamente; y del gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Cristian Rosenthal.
DATO
► La galería siniestrada tendría que ser demolida, según los bomberos, que estiman que recién el domingo o el lunes el fuego estará totalmente apagado.
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