Mientras la inacción de la OEA ante la situación en Venezuela se hacía cada vez más clamorosa —el organismo multilateral cerró su asamblea general sin ninguna resolución—, la fuerza armada chavista asesinaba de tres disparos en el tórax a un joven manifestante identificado como David José Vallenilla, en Caracas, con lo que ya son 75 personas fallecidas y más de 3.278 detenciones arbitrarias en el país llanero durante 82 días de protestas contra el Gobierno.

El video —difundido VivoPlay, un medio digital independiente— que registró la muerte de este estudiante de enfermería de 22 años de edad es estremecedor y confirma la brutal represión del régimen en las protestas civiles. El hecho sucedió durante una marcha en apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, a quien el presidente venezolano Nicolás Maduro llama "traidora".

La imágenes registraron cómo Vallenilla —con el rostro parcialmente cubierto por una franela negra y vestimenta color azul— cae en al suelo tras ser herido de varios disparos de perdigón en el tórax.

Fue un crimen con todas sus letras, como lo fue el asesinato Fabián Urbina, un estudiante de publicidad de 17 años de edad, que el pasado lunes recibió un disparo de bala, también cuando protestaba en Caracas. Ambas muertes son atribuidas a agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Pese a que las imágenes en el caso de Vallenilla son contundentes, el régimen busca desmarcarse de los crímenes al individualizar las culpas. 

"El Gobierno Bolivariano ratifica compromiso con los Derechos Humanos y con individualización de responsabilidades frente a la ley. La conspiración de la derecha violenta contra Venezuela se nutre de sangre innecesariamente derramada por venezolanos… Los efectivos que sean responsables de delitos serán presentados ante la ley", escribió en su Twitter el ministro de Interior, Néstor Reverol, quien agregó que el agente que mató al joven disparó con un arma no autorizada y anunció que fue "sometido a los procesos de ley". 

"Ya fue identificado el Sargento adscrito al grupo de Policía Aérea que custodia La Carlota", dijo Reverol en su cuenta de Twitter, donde también señaló que el militar "empleó un arma no autorizada para repeler el ataque, causando la muerte de uno de los participantes del asedio".

Se trata de Arli Cleiwi Méndez Terán, un sargento adscrito a la Policía Aérea venezolana. Según Reverol, dos militares fueron heridos durante el enfrentamiento que se registró en las cercanías de la Base Aérea Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.

El ministro venezolano trató sin embargo de justificar el accionar de la FANB, al señalar que "en cualquier parte del mundo es inaceptable el ataque y asedio a una base militar" y que "se han registrado no menos de 10 ataques contra la base militar de La Carlota por parte de fuerzas de choque" de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Horas antes del asesinato de Vallenilla, en una rueda de prensa exclusiva para medios internacionales, el presidente Maduro había resaltado la labor de los cuerpos de seguridad del Estado y afirmó que los agentes no utilizan armas de fuego o perdigones contra manifestantes.

"La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones. Está prohibido. Con el agua y el gasecito que está permitido, solamente. Si hay un solo caso, como ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades, y he ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración".

Maduro además se refirió a la fiscal general de su país, Luisa Ortega, a quien ha tildado como una "traidora" que pretende ser candidata en unas hipotéticas elecciones. "Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público, traicionarme a mí y traicionar a (Hugo) Chávez. Es muy triste que al final del camino, después de tanta lucha, uno termine al servicio de los verdugos de nuestro pueblo", dijo ante la pregunta de una periodista presente en la conferencia.

La arremetida del régimen contra Ortega que se recrudeció esta semana, el último martes, cuando el Tribunal Supremo aceptó en tiempo récord un antejuicio contra la fiscal general que planteó por el diputado chavista Pedro Carreño para destituir de su cargo a la magistrada que ha continuado denunciando la brutal represión en la ola de protestas y la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

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