El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Perú (OPS), Raúl González, aplaudió el nuevo reglamento de la ley de alimentación saludable que aprobó la semana pasada el Gobierno, cuestionado por diversos sectores. Esto porque se fijaron límites menos estrictos para la llamada 'comida chatarra' y por el plazo de casi cuatro años que se le da al sector industrial. El mayor opositor a la norma implementará un nuevo etiquetado a sus productos ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados creció en 107% entre los años 2000 y 2013 en nuestro es el país, el mayor incremento en toda la región y en 256% en la última década.
Entre los mayores críticos del reglamento están la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) y el Colegio de Nutricionistas, cuyos representantes realizaron un plantón en el Ministerio de Salud, para protestar contra el citado reglamento al que consideran “ilegal”, mientras la Defensoría del Pueblo lo tilda de “incoherente”.
Los cuestionamientos principales tienen que ver con los límites permitidos para el azúcar, sal y grasas en los productos ultraprocesados en Perú, porque están por encima de lo que recomienda la misma OMS y pueden hacer creer a la gente que está consumiendo un producto saludable cuando no lo es.
En un país con cierta devoción por la ‘comida chatarra’, la OMS reveló que en el 2000, las empresas de la industria de alimentos procesados vendían 40.2 kilos de sus productos por cada persona y en el 2013, la cifra llegó hasta 83.2 kilos. En el caso de la comida rápida, una persona ingería este tipo de alimentos 8.7 veces al año, estadística que se elevó hasta 31.8 en el 2013.
“Este reglamento es mejorable, pero es para felicitarlos”, dijo Gonzales a LaMula.pe.
Como se evidencia en el recuadro, en caso de que el producto supere el límite máximo, el empaque debe consignar una advertencia. Esto, según el reglamento de la Ley N°30021 se haría realidad en tres años y medio más.
Es decir, recién para el 2021, los consumidores podremos comprar alimentos ultraprocesados con un nuevo etiquetado en el que se incluya información clara y oportuna sobre su contenido y si este es o no perjudicial para la salud.
“Esperamos que la medida de poner un sello para educar al consumidor vaya a ayudar a disminuir el sobrepeso y la obesidad en el Perú. Este nuevo reglamento también obliga a los quioscos escolares a vender alimentos saludables y es indispensable que el Ministerio de Salud haga una lista de estos. Me gustaría que la implementación del reglamento sea en un tiempo menor a los seis meses”, agregó González.
Por su parte, agremiados de Aspec llegaron hasta los exteriores del Minsa para protestar en contra del reglamento porque el reglamento no respeta los límites de que fija la ley de alimentación saludable para los azúcares, sodio y grasas saturadas, lo cual —subrayan— lo hace ilegal.
"Artículo 4: no respeta los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de Salud (OPS), los cuales fueron aprobados por Minsa en 2015, sobre lo que debe entenderse como "ALTO EN" grasas, sal o azúcar, según corresponda", señala el comunicado de esta ONG de defensa al consumidor.
En ese sentido, el vocero de Foro Salud, Alejandro Saco, anunció que el reglamento será sujeto a una demanda constitucional de acción popular que cuestione y modifique este tipo de reglamentos que vulnera la ley.
“Ese es el estándar internacional. Hay que ir acercándose a eso y este reglamento no es acercarse a esos parámetros. Además amarran la aprobación de las advertencias sobre los productos que tiene que elaborar el Minsa. Entonces ahí hay otro entrampamiento, pues esto se aprobaría en 4 meses más, pero en Perú, podrían ser 4 años”, sostuvo.
Al respecto, la ministra de Salud, Patricia García, alegó que sería un gran retroceso que se derogue el reglamento.
“Derogarlo sería un paso atrás, pues fueron cuatro años sin reglamento. Las misma Organización Mundial de la Salud, con la que hemos trabajado codo a codo, ha felicitado este avance, dijo este martes durante una actividad en Ventanilla.
Por su lado, la Defensoría del Pueblo señaló, a través de un comunicado, que las autoridades que han elaborado el reglamento han ignorado las recomendaciones sobre la salud pública de la OMS.
“No ha considerado los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS) a los que se refiere expresamente la Ley N° 30021. En el mismo sentido, estaría excediendo la potestad de reglamentar la ley al condicionar la vigencia del citado reglamento a la aprobación de un manual de advertencias publicitarias no contemplado por la norma”, dice el documento.
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