La congresista de la bancada izquierdista Frente Amplio (FA), Indira Huilca, sostuvo, este viernes, que, en materia laboral, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está regresando a las políticas de la dictadura de Alberto Fujimori.

En un artículo publicado en su página web, Huilca afirmó que el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, "no solo ha dejado de lado la promesa de un mayor diálogo social", sino que:

"Su gestión nos regresa a políticas laborales de los años noventa, caracterizadas por mayor flexibilización laboral, menos institucionalidad, y un creciente autoritarismo que desconoce la importancia de lograr consensos para implementar reformas efectivas y duraderas".

Durante la gestión de Fujimori, que gobernó el Perú desde 1990 hasta el 2000, se despidieron a cerca de 300 mil trabajadores públicos y se atacó a los sindicatos. Para la congresista, esta amenaza a los trabajadores podría volver con los decretos "antilaborales" que ha emitido el Gobierno el pasado 31 de mayo: el D.S. 007-2017-TR sobre arbitraje potestativo y el D.S. 009-2017-TR sobre inspecciones de trabajo.

Según Huilca, estos decretos "debilitan las inspecciones de trabajo y limitan el arbitraje potestativo, una herramienta que permitía compensar el desequilibrio existente entre empresas y trabajadores en el marco de la negociación colectiva".

Argumentó que con el decreto referido a inspecciones "se podrán eliminar o reducir las multas hasta en un 90% cuando las empresas subsanen las infracciones laborales dentro del plazo otorgado". "Al no indicar plazos tope, se permite un alto grado de discrecionalidad de la administración", explicó.

La medida también modifica la clasificación de infracciones y forma de cálculo de multas, señaló la congresista, que precisó que, con ello, "cuando una acción u omisión del empleador constituya más de una infracción se aplica la sanción de mayor gravedad". Además, lamentó que, con este decreto, la autoridad inspectiva "no podrá realizar dentro de un mismo año más de una orden de inspección sobre una misma materia en una misma empresa".

"Ello afecta gravemente el rol tuitivo de las inspecciones de trabajo, limitando su función a una de información y prevención", afirmó.

Huilca sostuvo también que el ministro de Trabajo presenta dos contradicciones:

"Es contradictorio que el ministro de Trabajo señale que estas medidas reducirán la informalidad, ya que es sabido que a menor supervisión laboral, mayor posibilidad de incumplimientos laborales; también es contradictorio que se diga limitar el arbitraje potestativo busca fomentar la negociación colectiva, cuando está comprobado que desde que su implementación, con dicho mecanismo se resolvieron más pliegos de reclamos".

Por otro lado, la congresista alertó que el Ejecutivo ha enviado al Congreso un paquete de proyectos de ley sobre empleo juvenil, inspecciones laborales y relaciones colectivas de trabajo, sin participación del Consejo Nacional de Trabajo, lo que provocó que la CGTP y la CUT se retiren de este espacio institucional.

Anteriormente, el ministro Grados provocó la reacción de los trabajadores por afirmar que el sueldo mínimo de 850 soles es "adecuado" para el nivel de vida de los peruanos. Ante ello, la CGTP, la mayor central sindical del Perú lo retó a que él viva con dicha remuneración. El titular del Ministerio de Trabajo aún no responde.

Además, los encargados de realizar supervisiones laborales; es decir, de fiscalizar las condiciones de los trabajadores, protestan exigiendo el cumplimiento de sus derechos colectivos. Los dos sindicatos de la Sunafil amenazan con irse a la huelga indefinida y alertan de la falta de inspectores.


(Foto de portada: Efe)


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