Las delicadas denuncias contra el contralor Edgar Alarcón, por haber desarrollado supuestas actividades lucrativas en paralelo a su desempeño como vicecontralor, entre el 2013 y 2015, han puesto en entredicho su legitimidad para ocupar el cargo —al que se niega a renunciar— e incluso su gestión está en la mira de la fiscalía y el Congreso.
En medio de esta batahola, Alarcón ha sido separado de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), instancia en la que participan las instituciones públicas competentes para luchar contra ese flagelo. Por iniciativa Proética, se acordó solicitar al contralor "abstenerse de participar en ese espacio", reveló Perú21.
Esta medida —respaldada por la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias y el Concilio Nacional Evangélico del Perú— es la primera acción concreta contra el contralor desde que conocieron las denuncias en su contra que pasaron por agua tibia en el Congreso, dominado por el fujimorismo.
Precisamente, en predios legislativos, el vocero del Apra, Javier Velásquez, pidió formalmente a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que convoque lo antes posible a la Comisión Permanente, para evaluar "la remoción" del contralor Alarcón.
Agregó que en virtud de los hechos que ahora se conocen, Alarcón Tejada ocultó información al momento de su postulación y nombramiento en el Congreso —con los votos y el aval de Fuerza Popular—, y reiteró que está descalificado para seguir en el cargo por haber hecho "negocios personales" con un proveedor de la Contraloría.
En el oficialismo, el legislador Alberto de Belaunde afirmó que Alarcón debería renunciar, porque el país requiere un contralor "confiable y que tenga la tranquilidad de hacer su trabajo sin cuestionamientos tan graves".
LA PCM fue notificada
En tanto, este miércoles se conoció que Walter Grados, el auditor de la Contraloría que denunció inicialmente a Alarcón ante el Congreso en agosto de 2016, también notificó a la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Fernando Zavala, de las irregularidades que detectó, a través de una carta que remitió tres días después de notificar a la titular del Legislativo, Luz Salgado, es decir, el 29 de agosto del año pasado, según reveló Exitosa.
Exitosa.
"Hemos tomado conocimiento de graves hechos irregulares de presunta connotación ilícita penal cometidos por el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, que lo desacreditaría para seguir ejerciendo el cargo de contralor".
La PCM respondió que el mismo día que recibió la denuncia de Grados la derivó a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que integran, además de a Contraloría, por las presidencias del Congreso y del Poder Judicial, así como por el fiscal de la Nación. El despacho de Zavala agregó que la CAN, al final, envió la denuncia al Parlamento, en octubre de 2016, cuando la titular de este poder del Estado, Luz Salgado, ya tenía conocimiento de la misma.
Además, el auditor Grados también presentó la denuncia contra Alarcón en la presidencia de la Comisión de Fiscalización que en esa época —agosto del 2016— estaba presidida por la congresista Yeni Vilcatoma y no por el legislador Héctor Becerril, quien la reemplazó un mes después, en septiembre.
Según diversas voces, ese grupo debió investigar el caso del contralor, y no la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de la también fujimorista Karina Beteta, instancia en la que la denuncia se archivó por un tema "de forma y no de fondo". Es decir, nunca se investigaron las graves imputaciones.
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