La vía Evitamiento de Cusco fue uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en la región del sur. Su construcción buscaba solucionar graves problemas de accesibilidad a la ciudad y congestión vehicular en las avenidas La Cultura y su prolongación. Ahora esta obra está bajo sospecha, luego de que este miércoles, la fiscalía acusara al exgobernador regional Jorge Acurio Tito, quien ya fue detenido en Cusco, de recibir una coima de US$3 millones de Odebrecht por la concesión del proyecto.

En paralelo, un equipo de fiscales y policías allanaron las oficinas de estudios de abogados vinculadas a este caso en Lima. En estas diligencias también se capturó al abogado José Francisco Zaragoza Amiel, socio de Rebaza, Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros, firma que habría asesorado a Odebrecht.

La historia del proyecto

La vía Evitamiento de Cusco fue propuesta por Acurio Tito —inhabilitado por delitos de corrupción en el 2013 y reemplazado por René Concha Lezama—, en coordinación con la municipalidad provincial de Cusco y las municipalidades distritales de San Sebastián y San Gerónimo.

Este proyecto permitiría renovar una extensión de 9.5 kilómetros de vía peatonal y vía vehicular, que se inicia en la salida del Cusco hacia Puno, sector de Angostura hasta la localidad de Agua Buena, acompañando a la vía férrea. El trazo definido en el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Cusco establecía que el proyecto contaría con dos vías principales, una ciclovía de seis kilómetros, cuatro puentes peatonales, seis puentes vehiculares y ocho puentes que haría el tránsito más fluido.

El 15 de diciembre del 2011, en el Congreso pasado, se presentó el proyecto de ley que declaraba “de necesidad, utilidad pública e interés nacional la construcción de la vía de Evitamiento”. Fue una iniciativa del excongresista nacionalista Hernán De La Torre Dueñas y suscrita por sus colegas Agustín Molina, Rubén Coa, Marisol Espinoza, Verónika Mendoza, Julia Teves y Fredy Otárola. Su revisión y dictamen estuvo a cargo de la Comisión de Transportes, donde Coa era miembro titular y De La Torre accesitario.

No sería hasta el año siguiente de presentada la iniciativa que el gobierno regional del Cusco, a través del plan Copesco, le otorgó la buena pro para la elaboración del expediente técnico y la posterior ejecución de la obra al consorcio Vías del Cusco, integrado por las empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y Constructora Noberto Odebrecht S.A. sucursal Perú.

El contrato Nº 1400-046-2013-COPESCO/GRC suscrito por el exdirector ejecutivo del Plan Copesco de la gestión de Acurio, Helio Hebert Molina Aranda, establecía que el costo de la obra sería de S/298 millones sin considerar arbitrajes, gastos generales y obras adicionales autorizadas. Sin embargo, el informe situacional del 2016 señalaba que el monto que se había pagado a la fecha era de S/388 millones, es decir, S/90 millones adicionales.

Copesco en acción

En junio de 2013 se inició la construcción de la vía Evitamiento del Cusco, la cual debió ser concluida en agosto de 2014, pero se retrasó. Por el contrario, Odebrecht denunció al Gobierno Regional de Cusco ante un Tribunal Arbitral para incrementar en S/63 millones el presupuesto inicial para el asfaltado de la vía. Esta denuncia evitó que, a partir del 15 de enero del 2015, se aplique la penalidad de S/100 mil por cada día de atraso de la obra, según lo establecido en el contrato.

El 31 de diciembre de 2014 —o sea, 15 días antes de que se aplique la penalidad a Odebrecht—, Jorge Luis Alanya Ricalde en su condición de director del proyecto especial regional Plan Copesco, emitió la resolución Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC, en la que aprueba la reducción de metas de la vía Evitamiento por un total de más de S/50 millones. Con esto, la vía pasaría a reducirse de ocho carriles a solo cuatro. Esta situación favoreció claramente a Odebrecht puesto que en el informe de valorización de ese mismo mes se reporta que la obra estaba atrasada.

Lo cierto es que a la fecha de la emisión de la resolución para la reducción de metas presentado por Alanya, la obra tenía un avance solo del 70%, según el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investigó proyectos denunciados por supuesto delitos de corrupción en la región Cusco. La empresa no había podido culminar los otros cuatro carriles, dos carriles a cada lado que dan a las viviendas a lo largo de la vía Evitamiento, a pesar del alza del presupuesto a través de adendas suscritas por las gestiones de Acurio Tito y Concha Lezama.

En enero del 2015 (plazo de la conclusión de los trabajos incluidas ampliaciones), Odebrecht pretendió entregar la obra cuando faltaba culminar cerca del 20% de la misma. Sin embargo, José Antonio Negrón Andía, del Proyecto Especial Regional Plan Copesco, indicó que no se haría efectiva la entrega. De esta situación se valió la empresa —la resolución Nº 152-2014-DE-COPESCO/GRC— para no culminar las vías auxiliares y paralizar la obra.

Tres meses después del intento de Odebrecht de entregar la obra inconclusa, la Procuraduría Pública Regional recibió una propuesta de acuerdo conciliatorio del consorcio Vías de Cusco, a través del expediente Nº 021-2015 -CCG/AG, en el que incluía sus pretensiones sobre reconocimiento de gastos, modificación y alcantarilla 14, interferencias sanitarias e interferencias eléctricas y los gastos generales que deriven de la obligación. Con esto, la procuraduría regional pidió fijar su posición a Copesco respecto a la solicitud de conciliación.

Según la Resolución Ejecutiva Regional, con fecha 22 de mayo del 2015, Copesco respondió al pedido de la procuraduría comprometiéndose a ejecutar estos puntos:

► Aprobar la reducción del alcance contractual de metas, considerando las vías auxiliares en el sector Petroperú por un monto, incluido IGV, ascendente a S/750 mil.

► Aprobar el alcance contractual del Puente Túpac Amaru I, considerando un monto ascendente, incluido impuestos, a S/17 mil.

► Emitir una Resolución Directoral que resuelva una ampliación del plazo de ejecución en 120 días calendario con los reconocimientos de mayores gastos generales.

► Emitir una resolución directoral que resuelva una ampliación del plazo de ejecución en 120 días calendario, para solucionar los arreglos interinstitucionales pendientes de implementación con Electro Sur Este, FETRASA, SEDACUSCO, UNSAAC, así como para la liberación de predios e interferencias que permitan las condiciones para la ejecución de partidas contractuales.

► Emitir una Resolución Directoral que apruebe una ampliación de plazo de ejecución desde el 15 de enero del 2015 hasta la fecha acordada para el reinicio de los trabajos, sin reconocimiento de mayores gastos generales; considerando que este plazo del periodo en el cual se ejecutó la modificación de la alcantarilla 14. Entre otros puntos.

Expropiaciones peligrosas

En medio de una obra inconclusa y la paralización de la misma, el representante de Odebrecht a cargo de la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. Evitamiento, Renato Bartolotti, argumentó que no se había podido culminar las vías auxiliares de los cuatro carriles debido a que en ese tramo, de un kilómetro y medio aproximadamente, existen zonas que no habían sido liberadas y que el consorcio no recibió ni el dinero ni la orden para expropiar el lugar.

“El problema surge porque en este tramo existen zonas que nos fueron liberadas, mientras no sean liberadas no se puede construir, en este punto dijo que el consorcio no recibió un solo sol que fuera ejecutado, vale decir no se recibió fondos para la expropiación de estas zonas exclusivamente”, dijo.

Edwin Licona, actual gobernador regional de Cusco, presentó una iniciativa legislativa que declara de necesidad pública la expropiación de terrenos e inmuebles para la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento de la avenida vía Expresa, tramo óvalo Los Libertadores -Nodo Versalles- Empalme avenida Evitamiento” dirigido al entonces presidente del Congreso de la República Luis Iberico, a finales del 2015.

En la justificación técnica de la iniciativa legislativa especificaba, entre otros puntos, que en la actualidad la avenida La Cultura —que junto a la vía Expresa y la vía Evitamiento son las principales arterias de la ciudad— es la única que está en pleno funcionamiento, lo que genera congestión vehicular y dificulta la circulación fácil y fluida de la población. Además precisa que en ese entonces un tramo de la vía Evitamiento se encontraba en construcción y paralizada por problemas administrativos y judiciales.

En la intersección entre la vía Expresa y Evitamiento, en las cercanías del sector denominado Túpac Amaru, el proyecto contempla dos pasos a desnivel. Además de un boulevard de cuatro calzadas de dos carriles, con mediana, puentes, sistema de drenaje, canales de aguas pluviales, infraestructura urbana peatonal y tratamiento paisajístico.

Especialistas consultados por LaMula.pe coincidieron en que para aprobar una ley de expropiación se debe tener un trazo donde se establezcan las coordenadas, la cantidad de familias o cantidad de parcelas a nivel de perfil para que, ya con el expediente técnico elaborado, la persona natural sea notificada.

El Congreso solicitó, a manera de subsanación de la iniciativa legislativa, el Acuerdo Regional N°096-2015-CR/GRC, por el cual se aprueba el proyecto de ley para la expropiación de terrenos cercanos a la obra de la vía Expresa en el pleno del Consejo Regional. El gobierno regional, aparte de entregar el documento requerido, envió el informe de la situación del predio entre el colegio Santa Rosa Revolucionaria y Puente Manantiales, terreno que se encontraba en litigio en ese momento.

El 5 de mayo del 2016, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la ejecución de la construcción de la vía Expresa de la ciudad del Cusco y autoriza la expropiación de terrenos. El dictamen fue aprobado con 60 votos a favor y se acordó exonerarlo del trámite de una segunda votación.

Aprobada la ley, el siguiente paso para continuar con la ejecución de la obra de la vía Expresa era convocar a un concurso de licitación para la elección de la empresa encargada en elaborar el expediente técnico del proyecto, que tendría a Copesco como receptor de préstamos del Banco Mundial que cubrirá el 80% de la obra, que tiene una inversión prevista de US$140 millones.

El proyecto especial Plan Copesco, a través de su director ejecutivo Jorge Luis Alanya, firmó el contrato con el consorcio peruano-portugués Coba-CPS para la elaboración del expediente técnico de la Vía Expresa por el costo de S/4 millones. Lo que se sabe de la empresa portuguesa es que ejecutó una de las obras viales más importantes de Brasil junto a Odebrecht, el corredor BRT (Bus Rapid Transit) TransBrasil.

Los estudios de demanda indican que este corredor debería tener uno de los mayores flujos de pasajeros/hora en el mundo en la hora-pico, con casi 1.000 autobuses en los dos sentidos. Para la realización de este proyecto fue constituido el Consorcio Proyectista, liderado por Coba e integrado por Odebrecht, OAS y Queiroz Galvão, las tres investigadas por el megacaso de corrupción Lava Jato.

El trato complaciente de parte del Plan Copesco del Gobierno Regional Cusco permitió que Odebrecht entregue la obra casi dos después del plazo establecido y que la gestión de Edwin Licona le pague S/13 millones por deuda atrasada. Este pago, según la Resolución Nº 0126-2016-DE-COPESCO/GRC, fue en concepto de del reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación contractual, de acuerdo a lo establecido en el acta de conciliación entre el consorcio Vías del Cusco y el gobierno regional.

En marzo de este año, el nuevo director ejecutivo del Plan Copesco, Ítalo Ramos Calderón —intentando resarcir el daño que causaron las constantes medidas en favor de la empresa brasileña—, ordenó la ejecución de la póliza de seguro de caución (carta fianza) de Odebrecht por S/ 38 millones. Ramos indicó que la ejecución de la póliza se sustenta en el incumplimiento de Odebrecht de los plazos y la mala calidad de la obra. En respuesta, el apoderado del consorcio, Edgar Rodas Huertas, decidió denunciar a Ramos Calderón ante la Fiscalía de Prevención del Delito por abuso de autoridad.

DATO

El 2 de mayo del 2016, la Comisión de Fiscalización presentó un informe sobre la ejecución del proyecto donde especificaba los delitos que cometieron las autoridades regionales implicados en el concurso de licitación y la ejecución de la obra. El documento fue remitido al presidente del Congreso Luis Iberico, sin embargo, no tuvo mayor trascendencia en el Parlamento.

(Foto de cabecera: Gobierno regional del Cusco)

LEE MÁS: