El pasado 16 de diciembre el Área de Trámite del Congreso de la República recibió el Proyecto de Ley N° 722 impulsado por el congresista Marco Miyashiro, de la bancada de Fuerza Popular.
Dicha iniciativa modifica los artículos 2, 10, 17, 38 e incorpora una nueva disposición complementaria final del Decreto Legislativo N°1141 que aborda el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Uno de los puntos más controversiales es que la iniciativa le otorga una función adicional a la DINI: encargarse ya no solo de constituir la autoridad técnica normativa a nivel nacional en materia de inteligencia y contrainteligencia, sino también de la seguridad digital.
Para Erick Eriarte, abogado especialista en nuevas tecnologías, este es un tema delicado ya que la seguridad digital (o ciberseguridad) no solo se reduce a un tema de policial o militar. "El problema es que la DINI tiene una función específica que es persecución del delito, mantenimiento de la seguridad pública y la ciberseguridad se construye con temas mucho más amplios como el sistema de la banca o de dominios", dijo a LaMula.pe.
Si bien es cierto que en las incorporaciones que se hace al artículo 17 del Decreto Legislativo N°1141 se afirma que la formación integral y de calidad del personal del SINA (la DINI es uno de sus componentes) debe estar sustentada en valores y principios democráticos, las dudas no han tardado en aparecer.
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Para el especialista, colocar la seguridad digital en manos de una sola institución es un riesgo. De hecho, en un artículo que publicó en nuestro portal lanzó una interrogante relevante: "¿Se imaginan eso en un gobierno autoritario o tan siquiera con controles no democráticos?"
Sobre ello no hay que olvidar que de acuerdo al propio Decreto Legislativo N°1141, la DINI depende funcionalmente del Presidente de la República y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Entonces, ¿quién debe supervisar la seguridad digital? Iriarte se inclina por un organismo multiestamental, abierto y pensado desde la sociedad civil. "La ciberseguridad también consiste en evitar que le entre un virus a tu computadora. ¿También la DINI va a dar las reglas sobre ciberseguridad en tu casa?" Por supuesto, existe también una arista informativa: utilizar la premisa de 'seguridad del Estado' para censurar contenidos de los medios de comunicación (que en su mayoría cuentan con páginas webs).
Por supuesto, eso no significa que los actores encargados de nuestra seguridad pública (la policía y las fuerzas militares) no tengan acceso a las herramientas del sistema pero no pueden convertirse en los entes rectores porque existe el riesgo que este poder sea mal utilizado como ha ocurrido en el pasado (el SIN de Vladimiro Montesinos y el escándalo de los Dinileaks son una muestra de ello).
En ese contexto, el abogado ha recordado que, en la actualidad, la ciberseguridad de Estado en manos de Pe-CERT, una entidad dependiente de la Secretaria Nacional de Gobierno Digital en la Presidencia del Consejo de Ministros y que en años anteriores ha trabajado en el CCONI, una instancia con participación de la sociedad civil.
'Back to the nineties'
Para Iriarte es llamativo que la bancada de Fuerza Popular presente varios proyectos que tengan como eje la libertad de expresión. "Todos los proyectos son fujimoristas y generan un tipo de censura", expresó el abogado.
Al respecto, hay que recordar que Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de la Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó la atención a este grupo político a raíz de sus iniciativas legislativas como el proyecto de control de medios propuesto por las congresistas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona.
"Hay un sector del fujimorismo que está rescatando las peores prácticas de los años noventa. No están dispuestos a ser parte de una declaración democrática", dijo en el programa No hay derecho de Ideeleradio.
[Foto de portada: LaMula.pe]
[Video: Stefany Aquise]
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