La abogada cajamarquina y directora de Grufides, Mirtha Vásquez, que ejerce la defensa legal de la campesina Máxima Acuña de Chaupe desde el 2012, afirmó que la empresa Yanacocha no ha podido demostrar en todo este tiempo que tenía algún tipo de posesión en el terreno donde vive la campesina cajamarquina.
En diálogo con el portal El Gran Angular, reveló que no pudo evitar las lágrimas al escuchar la ratificación de la Corte Suprema, el pasado 3 de mayo de la sentencia que favorecía a Máxima, pese a enfrentarse judicialmente a la mayor mina aurífera de Sudamérica y la segunda más grande a nivel mundial.
El fallo declaró infundado el recurso de casación presentado por la mina cuando el Poder Judicial evaluaba reabrir el proceso contra Máxima Acuña por la presunta usurpación de terrenos en la zona conocida como Tragadero Grande, en la región Cajamarca. Hoy, Máxima puede por fin disfrutar de sus tierras sin ser amedrentada.
“La empresa no ha logrado probar ningún tipo de posesión en el terreno. Hemos tenido que pelearlo por cinco años, incluso en dos oportunidades el Poder Judicial de Celendín les dio la razón a la empresa minera, sin mayor prueba lograron sentenciar a la familia, no solo a una pena privativa de libertad sino obligándolos de que entreguen el terreno a la minera, nosotros hemos apelado a estas decisiones y es aquí en Cajamarca donde el proceso se ventila abiertamente, aquí es cuando nosotros hemos logrado sustentar todos los medios de prueba que teníamos a favor.”
La abogada cuenta que el caso Máxima comenzó porque la empresa Yanacocha acreditaba que ellos habían comprado el terreno en 1996, cosa que era improbable porque la familia de Acuña Chaupa tenía los documentos que acreditaban que ellos habían pagado por esas hectáreas mucho antes que la acuífera.
“El terreno de Máxima está dentro de la propiedad de una comunidad campesina que se llamaba Sorochuco. (…) Ellos han vivido todo el tiempo ahí, es en mayo del año 2011 en que la empresa minera llegó intempestivamente y destruyó sus chozas, los golpearon, quemaron todos su enseres y les dijeron que tenían que salir del lugar, la familia decidió ir a denunciar este hecho y lo hizo con la policía de Sorochuco, sin embargo esa denuncia posteriormente fue archivada”.
Vásquez también indicó que la familia de Máxima podría denunciar a la empresa Yanacocha por daños y perjuicios ocasionados durante estos casi cinco años que duró este proceso judicial.
“Son varios años de persecución contra esta familia por una denuncia calumniosa que se ha dado, son varios efectos negativos que la familia ha tenido que sufrir por responsabilidad de la empresa, ha tenido que incurrir en muchos gastos económicos, que devienen incluso de sus traslados para afrontar un proceso, muchísimos perjuicios porque ellos han tenido que dejar de trabajar para comer y dedicar mucho tiempo de su vida a defender sus terrenos. Merecería una denuncia para que esta familia sea indemnizada, pero eso también está en la decisión de la familia, que por supuesto después de sufrir tantos años de un proceso judicial con todo lo que eso significa, yo siento que ellos están cansados de seguir trajinando al Poder Judicial en busca de justicia”.
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