Muchos usuarios de las apps de taxi están convencidos de que el servicio que estas ofrecen es bastante mejor que lo uno puede encontrar en la calle 'regateando' el precio.  

Si uno compara, por ejemplo, el estado de los automóviles, entre los que uno toma en una esquina versus los que uno puede acceder a través de Taxibeat o Uber, por ejemplo, se podría concluir que es muy fácil encontrar, entre los primeros, carros destartalados y en mal estado en general, y no así en los segundos.

Sin embargo estas empresas de taxi funcionan en la informalidad, junto con la predilección de sus usuarios por ellas. La exgerenta de Transporte Urbano, María Jara Risco, señaló a LaMula.pe que estos servicios de taxi se saltan la regulación que le corresponde a todo servicio de transporte público.

“No es un tema de libre mercado. La autoridad tiene que regularlos. Prácticamente cualquier persona en su tiempo libre puede dedicarse a brindar un servicio publico y el Estado está al margen de la calidad del servicio, porque no regula la calidad ni la seguridad. Y el usuario depende del comportamiento de ese chofer que lo recogió y de cual sea la reacción de la empresa", afirmó. 

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Pros y contras

Pese a ello, Jara reconoce que tanto Uber, Easy Taxi, así como otros aplicativos, ofrecen una serie de beneficios a las personas que los usan. Entre ellos: eliminar las detenciones en las calles de autos para negociar el precio del servicio, lo que se traduce en menos congestión; son más eficientes y gastan menos combustible, por tanto generan menos contaminación.

Los inconvenientes, para Jara Risco, son serios: no hay una instancia superior de reclamo y fiscalización frente a problemas de servicio -estas empresas argumentan que solo son colocadoras de taxis, intermediarios entre el pasajero y el conductor-, sobre todo frente a casos de maltrato o abusos del conductor o de la empresa; no están registradas en la Gerencia de Transporte Urbano; no tienen condiciones mínimas de seguridad; no se tiene datos sobre sus vehículos y choferes, lo cual genera incertidumbre e inseguridad en términos de supervisión; muchos de los vehículos usan Soat particular, cuando deberían usar uno para transporte público.

Indecopi ha descartado que empresas como Cabify, Easy Taxi, Taxi Remisse cometan competencia desleal, como lo señaló hace poco Hiperderecho. No obstante, para la extitular de la Sutran esto sí se da, en tanto que ellos brindan su servicio sin tener que cumplir lo que los taxistas formales tienen que cumplir (sticker, Soat, registro en el padrón, pago por licencia de taxista, entre otros). 

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En la mira de otros países

Argentina es uno de los países de la región que tiene una visible mano dura, en especial, contra Uber. Algunas de las medidas -legales y no- en contra de esta app en ese país, desde su llegada en el 2016, fueron: el bloqueo de la modalidad de pago vía tarjeta de crédito, condena a un chofer de Uber por el uso indebido del espacio público, sentencia a la empresa por competencia desleal, acusación de la Fiscalía a la empresa por evasión y lavado de dinero; una protesta masiva de taxistas en junio del 2016 contra Uber, entra otras medidas. Por otro lado, cierto sector de taxistas contra esta empresa usaron pasajeros señuelos para conducir a los taxis a una autoridad o para agredan a los conductores y sus vehículos. 

En abril de este año, en Colombia se discutió un proyecto de ley -apoyado por 3 millones de firmas- para regular a estas aplicaciones-empresas; a ello se le suma que un local de Uber en Medellin se cerró temporalmente por no cumplir con una serie de obligaciones de infraestructura y financieras. No obstante el proyecto terminó siendo archivado, frente a una serie de críticas y objeciones -ir contra la libertad económica, ir contra el ordenamiento jurídico vigente en transportes, no conocer las particularidades de otras apps, entre otros-.

En México, en cambio, existe ya una normativa que regula a Uber y Cabify. Esto se traduce en la existencia del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, al cual estas empresas aportan un monto, que es una comisión al servicio de transporte que estas brindan. Asimismo se les ha pedido, entre otras cosas, que estos servicios brinden toda la información de los vehículos y conductores que manejan para crear una base de datos gubernamental sobre las mismas.

En Perú, mientras tanto, existe un vacío legal que abarca temas como seguridad ciudadana, derechos del consumidor, pago de impuestos, informalidad respecto a los taxistas profesionales y el respeto de los derechos laborales de los conductores de estos servicios por aplicación móvil.


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