No se quedaron callados. Hildebrandt en sus trece publicó más información sobre el Proyecto de Irrigación de Olmos y su relación con Alan García y su segundo gobierno. "Lo cierto es que García sí tuvo ver, y mucho, con Olmos", afirma la publicación.
El semanario recordó que el 21 de noviembre del 2006 el expresidente visitó por primera vez la obra y fue recibido por Jorge Barata, por entonces superintendente de Odebrecht en Perú y hoy colaborador eficaz de la fiscalía peruana.
"Estamos satisfechos [...] En otras regiones construyen empresas, y eso no significa que el gobierno tenga cierto favoritismo con estas. Ojalá vinieran a Lambayaque otras grandes empresas para el desarrollo de la región y del país", dijo García en un discurso.
En ese contexto, el semanario recogió declaraciones de Yehude Simon, quien hizo la licitación para la segunda fase del Proyecto Olmos, poco antes de terminar el 2006, en su calidad de presidente regional de Lambayeque. "Fue una obra compartida entre el gobierno regional y central. Hicimos un convenio con Proinversión y fueron los encargados de hacer la licitación", afirmó. El dato más interesante, sin embargo, es la información que brinda a continuación el también excongresista: "Andrade Gutierrez no tuvo nada que ver". Una afirmación parecida a la de su sucesora en el gobierno regional de Lambayeque, Nery Saldarriaga: "Nunca se escuchó hablar de ellos. Su participación debió ser mínima".
Sobre este punto hay que recordar que García señaló -vía Twitter- que las iniciales de "AG", encontradas en la agenda del teléfono de Marcelo Odebrecht, eran de Andrade Gutierrez.
A la constructora brasileña le interesaba la tercera fase del Proyecto de Irrigación de Olmos. Tras la emisión del decreto legislativo que facultaba "a empresas presentar iniciativas privadas de concesiones que puedan ser declaradas de interés nacional", según recuerda Hildebrandt en sus trece. La firma Odebrecht fue una de las primeras en presentarse.
Más adelante, el 11 de setiembre del 2008, Marcelo Odebrecht arribó a nuestro país y se reunió con García en Palacio de Gobierno. Siete días después el entonces mandatario viajó a Brasil, para participar en ExpoPerú, un evento preparado por la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, cuya vicepresidencia recaía en el empresario que hoy está detenido en su país por el caso Lava Jato.
En ese viaje García se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva. "Coincidencia o no Odebrecht anotó en la agenda 'visita Lula'", dice el semanario. En el encuentro con el entonces presidente brasileño. En esa reunión participaron algunos presidentes regionales, entre ellos Yehude Simon, quien confirmó la reunión.
La siglas "DGI"
Dos líneas más abajo de las iniciales "AG" -apunta Hildebrandt en sus trece- aparece la anotación "Acordo DGI". De acuerdo con las investigaciones de la Policía Federal de Paraná, cuando Marcelo Odebrecht escribía DGI se refiere a "pagos ilícitos efectuados al margen de la contabilidad regular", tal como figura en un documento oficial.
Volvamos a Olmos. El 15 de abril del 2009, García declaró la obra de irrigación propuesta por Odebrecht de necesidad pública, mediante decreto de urgencia. Después visitaría las obras hasta en cuatro veces ese año.
En el plano político, ya en el 2010, el proyecto de irrigación generó discrepancias al interior del Ejecutivo, a raíz de que Mercedes Aráoz, ministra de Economía por ese entonces, estaba en desacuerdo con los términos de la propuesta de la constructora brasileña. De hecho, según contó a Hildebrandt en sus trece, la actual congresista y vicepresidenta de la República le dijo a García que si no encontraba una solución "estaba dispuesta a renunciar". Velásquez Quesquén, entonces al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, también ejerció presión: "Los ministros son reemplazables".
Inicialmente Odebrecht, como propietario expectaticio de parte de la irrigación, pagaría US$6 millones por 38 mil hectáreas. A su vez, los agricultores deberían pagar por bombear el agua. El semanario recuerda que tras la intervención de Aráoz se elevó el precio de las tierras a US$23 millones y el bombeo ya no tendría un costo para los agricultores.
[Foto de portada: Andina]
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