El Ejecutivo acaba de presentar su propuesta legislativa de reforma electoral a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta iniciativa, que fue trabajada en coordinación con la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), se suma a las presentadas ante el Congreso por el Jurado Nacional de Elecciones y la organización civil Transparencia.

El objetivo de la reforma es reducir al mínimo la posibilidad de que surjan más autoridades corruptas, que se filtre dinero ilícito en las campañas electorales y que se pueda fortalecer los partidos políticos para el bien de la representatividad que esperan los ciudadanos. Para ello, el Ejecutivo propone una “reconstrucción” del sistema político del país en siete puntos claves:

1. Transparencia y los candidatos

A fin de que respete el consenso en el que se estableció que las listas de candidatos de todos los partidos sea conformada a partir de elecciones internas organizadas y supervisadas por la ONPE, Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones, el Gobierno plantea que todo ciudadano que decide ser candidato a las elecciones internas de un partido deberá autorizar a la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF) a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil.

Asimismo, el candidato estará obligado a incluir en su hoja de vida información económica sobre patrimonio, ingresos, impuestos, acciones, sociedades, procesos judiciales abiertos. Sumado a esto, se plantea incluir a los partidos políticos como entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de acuerdo con las normas de la UIF, como parte de la lucha contra el lavado de activos.

La inciativa incluye también que los medios de comunicación a nivel nacional informen sobre los contratos de publicidad que celebren con los partidos políticos o con los candidatos, considerando que los gastos por este concepto en los medios masivos representan alrededor del 70% del costo de las campañas electorales.

2. El financiamiento

Sobre el financiamiento se estableció que se exigirá que todo aporte mayor a una UIT sea bancarizado. Si la agrupación política no cumple este requerimiento, podrá ser retirada de la contienda electoral; también quedarán prohibidas las aportaciones anónimas y las actividades proselitistas solo podrán llegar a ser el 10% de los ingresos anuales.

En el caso de los informes financieros, los partidos deberán presentarlos debidamente llenados y sin defectos, puesto que si produce errores en tres ocasiones en un plazo de 5 años, da lugar también a la cancelación de la inscripción electoral. Otro aspecto que se pretende variar es el monto máximo de aporte por una persona natural o juridica. Este será de 200 UIT.

3. Los aportantes

Al respecto, la propuesta del Ejecutivo prohíbe los aportes de gobiernos extranjeros y el de las personas jurídicas que tengan menos de tres años de residencia en el país, así como el de los ciudadanos y personas jurídicas condenados por delitos graves. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a retiro de la contienda electoral, suspensión o cancelación del registro de organizaciones políticas.

4. Requisitos para mantener el registro de organización política

Los partidos políticos nacionales estarán obligados a participar de todos los procesos electorales, y cuando menos del 40% de las regiones el 2018, 60% el 2022 y 80% el 2026. También los movimientos regionales deberán presentarse en al menos el 60% de los municipios de cada región

La iniciativa establece que se aumentará la valla electoral para el caso de alianzas electorales, debiendo sumarse 2% por cada partido aliado. Se esta manera se evitará que sea solo un vehículo para la subsistencia de la inscripción electoral. Asimismo, las alianzas que no obtengan representación parlamentaria, perderán su inscripción.

Además, con el objetivo de contar con una adecuada renovación de las agrupaciones políticas, se propone reducir a 1% del padrón electoral las firmas necesarias para la inscripción de agrupaciones políticas, es decir, 175,000 firmas. Actualmente es de 4%. Adicionalmente, se plantea elevar la cuota de género a 50% a partir de las elecciones del 2018 en adelante y exigir la alternancia cuando menos en la primera mitad de la lista de candidatos.

5. Prohibición de postulaciones

Las personas condenadas por delitos graves (terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro, delitos contra la humanidad, violación de la libertad sexual, o delitos dolosos contra el Estado y la Administración Pública) no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular.

6. Bicameralidad

Según la propuesta del Ejecutivo, el total de 130 congresistas se mantendrá, pero se propone dividirlos en dos Cámaras: La de diputados y el Senado. La de Diputados tendrá 100 miembros, elegidos en listas cerradas y bloqueadas, que representarán a las regiones. El Senado, por su parte, tendrá 30 miembros, con una edad mínima de 45 años, a dedicación exclusiva.

7. Los procesos electorales

Sobre este punto, la reforma propone eliminar el voto preferencial, que le permitió a Fuerza Popular contar con más de 70 parlamentarios en el Congreso, además de generar favoritismos o que sea el dinero la variable que determine quién puede o no ser candidato. Este punto de la iniciativa corre el riesgo de no ser aprobado en el Legislativo.

En los lugares donde el gobierno no logre instalar mesas de votación, no se impondrán multas a quienes no voten. Finalmente, a diferencia de los siete días que separaban a la última encuesta publicada con el día de la elección, se permitirá la publicación de estos estudios hasta un día antes de la votación.

(Foto de cabecera: Andina)

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