El congresista fujimorista y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Torres, quien sustentó el texto sustitutorio de la ley de reconstrucción que aprobó este martes el Pleno del Congreso por mayoría, explicó que uno de los cambios que se introdujeron al proyecto original del Ejecutivo tiene que ver con la obligatoriedad de incluir cláusulas anticorrupción en cada contrato de bienes, servicios, obras o consultorías que se haga en este proceso para recuperar y rehabilitar las zonas devastadas por El Niño costero.

“Entre las medidas para prevenir la corrupción y fomentar la transparencia se propuesto que todo contrato que se suscriba para la ejecución del plan incluya obligatoriamente cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento”, explicó en la sesión del Pleno del Congreso que se dio luz verde a la iniciativa legislativa.

Asimismo, comunicó que durante la junta de Portavoces a la que asistió el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se precisó que el plan de reconstrucción no solo comprenderá infraestructuras de uso público, sino también las que ayuden a la reactivación económica de los sectores productivos, que impacten en pequeñas y medianas empresas familiares.

Otro cambio que se incluyó en el nuevo texto fue la eliminación de la posibilidad de extender los alcances de las medidas de reconstrucción a zonas que no habían sido afectadas directamente por las lluvias, huaicos e inundaciones. Para ello se incorporó la obligación de que tanto la elaboración, modificación e implementación del plan de reconstrucción sean coordinadas previamente con los gobiernos regionales y locales.

“Se está corrigiendo así la visión centralista que proponía que la Autoridad para la Reconstrucción decidiera unilateralmente sobre estos aspectos”, señaló Torres.

De otro lado, el legislador precisó que se ha puesto un plazo de 90 días para que el Ejecutivo publique el plan de reconstrucción. “Se ha establecido que tanto el presidente del Consejo de Ministros, como el Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), vengan a informar al Congreso de la República, sobre los avances y cumplimiento del plan”, subrayó.

Control ciudadano

Otra de las modificaciones aprobadas establece que toda entidad ejecutante y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) deberán publicar los informes de avance de la ejecución física y financiera de cada obra del proceso de reconstrucción en su portal web respectiva, con el objetivo de facilitar el control ciudadano.

En esa línea, Torres resaltó que todo contrato deberá incluir una cláusula que obligue a la empresa contratista a presentar una declaración jurada, donde señale si sus representantes legales, accionistas, gerentes y directores tienen alguna sentencia o sanción administrativa con el Estado. “En caso sea falsa la declaración, el contrato quedará resuelto de pleno derecho”, puntualizó.

(Foto de cabecera: Gestión.pe)

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