La fiscal Marcelita Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, archivó por segunda vez, en diciembre del año pasado, el caso de 76 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo.  

El expresidente Alberto Fujimori es acusado de haber dirigido, entre 1996 y 2000, un plan de esterilizaciones forzosas, bajo lo que él denominó "Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar". De acuerdo a los testimonios de las denunciantes, la desinformación, amenazas, incentivos con alimentos y la coacción fueron algunas de las estrategias que se utilizaron para ejecutar ligaduras de trompas, pues se les decía que el Gobierno iba a poner multa a aquellos que tenían más de dos hijos, o se las llevaban a las postas con engaños y supuestas campañas de salud para sus hijos.

El archivamiento, que fue justificado por falta de pruebas y la inexistencia de delito de lesa humanidad, desencadenó una serie de protestas de colectivos como 'Alfombra Roja'; incluso, en colectivos sociales 'No a Keiko', las arengas hacían referencia a la búsqueda de justicia en este caso.

Tras casi cuatro meses del archivamiento del caso, el fiscal superior Luis Landa evalúa la decisión de Marcelita Gutiérrez y tiene en sus manos el archivamiento definitivo de las denuncias.

El abogado Milton Sánchez, patrocinador de las denunciantes Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo dijo a La República que espera que la decisión final esté lista en dos meses.

"Nos hemos entrevistado con el fiscal Landa y nos ha manifestado que su fiscalía tiene otros casos y que está evaluando con mucho detenimiento las denuncias sobre las esterilizaciones forzadas. Nosotros esperamos que en mayo o junio haya una decisión. Creemos que es un tiempo razonable", refirió.

¿Qué pasa si vuelven a archivar el caso? Sánchez dijo que las víctimas acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta encontrar justicia. 

"La otra alternativa es que el fiscal Landa no esté de acuerdo con la opinión de la fiscal Gutiérrez, por tanto haya un cambio en la decisión y presente una denuncia judicial, que es lo que quisiéramos", indicó.

DATO

La CIDH ya solicitó al Estado información sobre la investigación sobre las esterilizaciones forzadas. Además, remitió al Ministerio de Justicia un documento respecto a estándares normativos sobre consentimiento informado, el cual deberá trasladarlo al Ministerio Público, "porque justamente ese ha sido un tema que no fue valorado por la fiscal Marcelita Gutiérrez", anotó el abogado Milton Sánchez.

(Foto de portada: La República)

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