Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó su preocupación por la decisión de la Comisión de Constitución de recomendar la derogatoria del artículo 1 del Decreto Legislativo 1323 lo que podría convellar -según afirmó en una nota de prensa- a un retroceso en la protección de las personas, en especial de los miembros de la comunidad LGTBI frente a la discriminación de la cual son víctimas.
"Los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos. Pero estas personas enfrentan situaciones de discriminación, violencia, estigma y prejuicio, vulnerándose derechos esenciales como la vida, el trabajo, la salud y la educación, lo que requiere especial protección", afirmó el funcionario del organismo multilateral.
En ese contexto, recordó que la formulación del referido decreto significó un avance en la protección de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersex.
Incalcaterra afirmó que el Decreto Legislativo 1323 no establece privilegios ni tratos especiales (tal como esgrimieron sus opositores) sino que es una respuesta "a la inseguridad ciudadana y apunta a cumplir la obligación que tiene el Estado de proteger y respetar los derechos de todas y todos sin discriminación, en especial de quienes requieren mayor protección como las personas LGTBI".
Sobre este tema apuntó que información recogida por la Defensoría del Pueblo señala que muchos de los actos de intimidación y ensañamiento contra las personas LGTBI, así como los asesinatos, quedan impunes.
El fujimorismo dijo 'No'
Luego de un debate de aproximadamente cinco horas, la Comisión de Constitución decidió -gracias a los 10 votos de Fuerza Popular- que el dictamen en minoría, presentado por la legisladora Ursúla Letona y el cual suprimía los conceptos "orientación sexual" e "identidad de género", sea el que se someta a debate en el Pleno próximamente.
[Foto de portada: Flickr del Congreso]
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