Las parlamentarias fujimoristas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona han vuelto presentar un proyecto de ley sobre medios de comuniocación, el 1120, que modifica en algunos puntos la controversial iniciativa legislativa 1027 que retiraron tras las críticas y cuestionamientos porque impedía que las personas investigadas por presuntos delitos de corrupción ejerzan cargos o funciones en estas empresas.

El nuevo proyecto ya no incluye el inciso 3 del artículo 2, que hacía referencia al nombramiento de altos directivos en los medios; también suprime el artículo 3, que indicaba que los ciudadanos podían ejercer la veeduría en la conducción de los medios de comunicación “como un mecanismo legítimo que garantice su derecho a la información neutral”, pero que esa instancia estaría a cargo del MTC.

Sin embargo, aún vulnera derechos

Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), resaltó que el nuevo proyecto aún vulnera la Carta Magna, debido a que atenta contra el derecho de informar, estableciendo quién puede comunicar y quién no. “En espíritu no hubo modificaciones, pero sí en las formas. Lo han limpiado un poquito, pero aquí no se puede ir en contra de la libertad de expresión”, comentó a La República.

Sumado a esto, el presidente del CPP indicó podría llegar a afectar a los ciudadanos de a pie que administren algún blog informativo o un canal de YouTube. Este aspecto, agregó, podría a acercarnos a las situaciones de control de medios que sufre Venezuela, por ejemplo.

“No es posible que aún sigamos discutiendo esto. En los únicos lugares que han aplicado reglas como esta, en países como Venezuela, su democracia cambió”, precisó.

El CPP alertó del “retorno de prácticas de intimidación a la prensa” que significa este proyecto de ley y, por ello, exhortó a las legisladoras a retirar de inmediato esta iniciativa o, en su defecto, que la Comisión de Constitución, que preside el también fujimorista Miguel Torres, lo archive.

De otro lado, Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y experto en temas de libertad de expresión, consideró que el nuevo proyecto de ley Aramayo y Letona es una versión ‘dulcificada’ del anterior, puesto que sigue incurriendo en inconstitucionalidad y contrariedad a la Convención Americana.

“La medida sigue estando dirigida a controlar contenidos, y es absurda porque asume que las personas condenadas por corrupción no serán objetivas o veraces [...] La medida además no supera el test de ‘necesidad imperiosa’ que exige el sistema interamericano para validar límites a la libertad de expresión”, explicó Pereira.

Asimismo, el IPYS también envió un comunicado firmado por su director ejecutivo, Ricardo Uceda, en el que señala que “el Estado no debe regular la objetividad, pluralidad y veracidad de los medios”. En el documento, se señala que este proyecto es inconstitucional y califica de “absurdo” que se quiera limitar quién puede informar o no.

El proyecto de ley 1120 –que reemplazó al 1027– aún mantiene los artículos 1 y 2 (con sus dos primeros incisos). El artículo 2 establece que las personas que tengan una sentencia firme por delitos de corrupción en perjuicio del Estado no pueden ser accionistas, directores, editores “u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio”.

(Foto de cabecera: La República)

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