El gobierno de Donald Trump sigue en pie de guerra contra los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Esta vez la ofensiva vino desde el fiscal general del país, Jeff Sessions, quien amenazó a las "ciudades santuario" con un recorte de 4.000 millones de dólares en fondos federales si no se suman a las nuevas medidas migratorias de la administración republicana.
"Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions.
El fiscal general anunció que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes que han cometido crímenes o que llegaron al país de manera irregular.
Las subvenciones incluyen fondos para el entrenamiento de la Policía local y partidas económicas para la adquisición de equipamiento, como cámaras de video que los agentes llevan en sus uniformes.
“Es inaceptable que algunas jurisdicciones se nieguen a cooperar con la Policía Federal y liberen a extranjeros criminales de vuelta en nuestras comunidades cuando la ley exige que sean deportados. Utilizaremos toda la autoridad legal (…) para exigir responsabilidades a las jurisdicciones que conscientemente violan la ley federal”, subrayó Sessions.
La Policía de inmigración publicó hace una semana un informe en el que se presentaban todas las peticiones de entrega de indocumentados a las que se habían negado las autoridades locales. La Fiscalía General añadió a este documento un comunicado que calificaba la conducta de las ‘ciudades santuario’ de “amenaza para la seguridad pública”.
En un país donde se estima que hay aproximadamente 11 millones de indocumentados, de los cuales la mitad son mexicanos, la medida de Sessions significa la confrontación directa a alcaldes de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Washington, quienes rechazan la campaña de miedo en la que se ha embarcado Trump.
El fiscal general detalló que son 118 localidades que no colaboran con la Administración de Trump y nombró los primeros que serán castigados: Boston, Cambridge, Somerville, Northampton y Amherst, lo que marca el inicio de la ofensiva que el mismo Sessions, un conocido halcón, liderará, en cumplimiento de las promesas electorales del presidente republicano.
Líderes de las llamadas ciudades santuario, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, han expresado su rechazo a las medidas de Trump y han asegurado que seguirán protegiendo a los inmigrantes. Estas jurisdicciones se niegan a informar al Ejecutivo del estatus migratorio de los detenidos o procesados para evitar su deportación.
¿Qué son las ‘Ciudades Santuario’?
Este término es utilizado desde hace décadas por gobiernos municipales y condados que tienen políticas que ofrecen un cierto nivel de apertura a extranjeros indocumentados. A pesar de que no tienen una definición legal, se trata de ciudades que no apoyan los esfuerzos de deportación. No hay una lista definitiva sobre las ciudades que adoptan esta política.
A pesar de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se encuentra por encima de cualquier federación local, las ciudades pueden hacer menos probable que un extranjero indocumentado sea encontrado por un funcionario federal.
Imagen de cabecera: Efe
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