Siguen las críticas y cuestionamientos al proyecto de ley fujimorista que, con el aparente propósito de proteger "las libertades y derechos informativos de la población", busca exactamente lo contrario: controlar los medios de comunicación al prohibir que personas condenadas o incluso investigadas por corrupción ocupen cargos en este tipo de empresas (o sea, cualquier denuncia o demanda bastaría para amordazar a un periodista incómodo al poder político) y abre la puerta para que sea el Estado el que intervenga en decisiones privadas al crear una “veeduría ciudadana” –regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)–.
Tras el contundente rechazo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –"Es el mejor sueño que pudiera tener un gobierno opresor", manifestó su presidente, Matt Sanders– y luego de que el mismo Kenji Fujimori dejara entrever su rechazo a la iniciativa de sus colegas de bancada Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, diversos constitucionalistas en el Perú alzan su voz de alerta ante el peligro para la libertad de prensa y expresión que representa este proyecto que está listo para su debate en la Comisión de Constitución.
Así, por ejemplo, el abogado Roberto Pereira, experto en libertad de expresión y acceso a la información pública y asesor jurídico del IPYS, explicó a La República por qué el proyecto de ley 1027 es inconstitucional:
“Es un proyecto notoriamente inconstitucional porque pretende regular, desde el Estado, la objetividad, veracidad, oportunidad y pluralidad de la información, a través de una medida que es manifiestamente absurda”.
Otra inconsistencia del proyecto para Pereira es que que no se incluya en el proyecto a personas condenadas por otros delitos, como el narcotráfico, por ejemplo:
"La medida también es absurda porque la Constitución peruana, a diferencia de otras constituciones, extiende expresamente el derecho a la libertad de información y expresión al derecho de fundar y dirigir un medio; entonces, eso determina que la protección también recae sobre las personas que deciden fundar o dirigir un medio".
Iniciativa ambigua
Otro aspecto que también ha sido cuestionado en la iniciativa que tiene el respaldo de la mayoría fujimorista en el Congreso es el hecho de que un persona, por el solo hecho de ser investigada, no podrá ser director o accionista o tener algún cargo gerencial en los medios. Para Pereira, esto podría convertirse en un arma política muy peligrosa:
"En el Perú es muy fácil denunciar a alguien por corrupción y es muy fácil también que le abran una investigación. Además, el sistema de justicia padece de serios problemas de corrupción".
El constitucionalista Samuel Abad apuntó por su lado que el proyecto también es ambiguo porque no precisa cuáles serían los delitos específicos de corrupción a ser sancionados y tampoco apunta los plazos, lo que podría incluir a quienes ya cumplieron su condena.
(Foto de cabecera: El Comercio)
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